Con impulso de la diputada Romina Diez, el oficialismo reabre el debate por la reforma laboral. El proyecto busca flexibilizar convenios, redefinir derechos y fomentar la creación de empleo mediante incentivos fiscales.
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Con el respaldo político obtenido tras las elecciones, el Gobierno nacional vuelve a impulsar una ambiciosa reforma laboral, retomando el proyecto que se venía analizando en el Consejo de Mayo. La iniciativa, encabezada por la diputada Romina Diez y acompañada por legisladores de distintos bloques, lleva el título de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y apunta a modificar aspectos centrales de la legislación vigente.
El texto, que el oficialismo pretende utilizar como base para un debate más amplio en el Congreso, propone una modernización integral del sistema laboral argentino. Entre los puntos destacados, se contemplan la ampliación de la jornada laboral, la flexibilización de convenios colectivos, la posibilidad de indemnizaciones en cuotas y la actualización de los beneficios sociales.
Uno de los ejes del proyecto es la redefinición de principios de la Ley de Contrato de Trabajo, otorgando mayores facultades al empleador para modificar condiciones y modalidades laborales, siempre que no afecten derechos esenciales del trabajador. Además, establece un nuevo mecanismo para la impugnación de sanciones disciplinarias, con un plazo de 30 días corridos para presentar reclamos.
El texto también incorpora cambios en materia de vacaciones, licencias por enfermedad, formas de pago y beneficios sociales. Se habilita el pago electrónico de salarios, se aclara qué prestaciones no son remunerativas y se permite fraccionar las vacaciones en períodos no menores a una semana, garantizando el descanso en verano al menos una vez cada dos años.
En cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas, se prevé que puedan abonar indemnizaciones y sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales. Además, se fija un límite del 20% para los pactos de cuota litis en juicios laborales y una tasa máxima del 3% anual sobre los créditos laborales actualizados por inflación.
El proyecto también busca incentivar la generación de empleo mediante bonos de crédito fiscal para empleadores que amplíen su plantilla en los primeros 18 meses de vigencia de la ley. Los beneficios variarían según el tamaño de la empresa: 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes compañías.
La propuesta cuenta con el respaldo de legisladores como Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, José Luis Espert (en licencia), entre otros, y se presenta como uno de los principales proyectos de la nueva etapa política del Gobierno.
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