
La víctima tenía 30 años y se descompensó en plena rutina. Fue trasladada al Hospital San Roque, pero no pudieron salvarla.
El conflicto laboral en el sanatorio privado volvió a tensarse, con reclamos gremiales por reincorporaciones y una defensa empresarial que atribuye la medida a la crisis económica. Este lunes habrá una nueva audiencia en Trabajo.
La disputa entre el gremio ATSA y el Colegio Médico por los despidos en el sanatorio Cimyn atraviesa un momento clave en San Juan. En medio de acusaciones cruzadas, ambas partes se preparan para una nueva instancia de diálogo convocada por la Subsecretaría de Trabajo, mientras decenas de familias permanecen en vilo por la pérdida de sus fuentes laborales.
El secretario general de ATSA, Alfredo Duarte, advirtió que “es una situación extremadamente difícil” y aseguró que, como ocurre en cada crisis, “siempre pagan las consecuencias los que menos tienen, en este caso los trabajadores que cumplen funciones en estos centros asistenciales”. En declaraciones a DIARIO MÓVIL, sostuvo que el gremio llegó a esta instancia “para que se respete la conciliación obligatoria que ha dictado la Subsecretaría de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo de la Nación no va a tener más intervención en este tipo de conflictos”.
Duarte explicó que los despidos posteriores a la conciliación son ilegales y por eso reclaman que se dé marcha atrás con las cesantías. “Nosotros estamos pidiendo que, a partir del momento en que se decretó la conciliación obligatoria, los despidos que se han producido después sean reincorporados, porque es violatorio de la ley a la que ellos mismos invocan”, remarcó.
También cuestionó la justificación presentada por la patronal para aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago del 50% de la indemnización en casos de crisis económica. “Ellos hablan de una situación de crisis, pero en ningún lado han hecho una presentación formal. Son declamaciones o expresiones de deseo, pero no han podido demostrar absolutamente nada”, afirmó el dirigente. Según indicó, entre 16 y 19 trabajadores fueron despedidos, en su mayoría administrativos y comprendidos dentro del convenio 122. “Lo que pretendemos es que se preserve la fuente laboral; las medidas de fuerza siempre son el último recurso, pero ahora esperamos qué sucede en esta reunión”, aclaró.
Desde el Colegio Médico, en cambio, defendieron la decisión tomada y atribuyeron la medida al deterioro económico. El presidente de la institución, Carlos Bordes, sostuvo que se trató de un intento de “optimizar y adaptarse a la situación y a la crisis que vive no solo el país, sino la provincia”. Explicó que uno de los factores determinantes fue la migración de pacientes del sistema privado al público: “Hay un 30% más de pacientes que antes se atendían en la parte privada y que ahora lo hacen en la parte pública porque no tienen obra social. Eso repercute a nivel sanatorial con los poderes adquisitivos de la gente, que no son los suficientes”.
Bordes comparó la situación con la de una economía familiar que atraviesa un bache financiero. “La forma de acompañar es tratar de optimizar y tratar de achicarse como hacemos cada uno en nuestra casa cuando los números no dan, para seguir manteniendo la mayor cantidad de fuentes de trabajo”, dijo. Y agregó: “Nos toca una época crítica donde lamentablemente se deben dejar recursos y compañeros sin trabajo. Esperamos que esto mejore, porque seguramente, si mejora, los vamos a volver a tomar”.
También aseguró que el Colegio Médico presentó un procedimiento preventivo de crisis a nivel nacional, aunque no recibió respuesta oficial. “Se presentó, no tuvimos respuesta. Tuvimos que empezar a tomar medidas porque la respuesta a nivel Nación no llegaba de ese preventivo de crisis con un plan de trabajo y todo lo demás. Y no llegó nunca la respuesta”, relató.
Al referirse a las alternativas que analizan, Bordes explicó que se evalúan opciones institucionales de fondo: “Si esto sigue, la asamblea decidirá los pasos a seguir de la institución: o vender, o cerrar, o negociar la posibilidad de alquiler con el objetivo de que se mantuviesen las fuentes de trabajo”.
La víctima tenía 30 años y se descompensó en plena rutina. Fue trasladada al Hospital San Roque, pero no pudieron salvarla.
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