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El director de Tránsito y Transporte detalló los puntos centrales del proyecto que se debate en Diputados y que busca modernizar el sistema de colectivos, taxis, remises, transporte escolar y accesible, además del servicio de cargas
El Gobierno provincial presentó un proyecto de reforma integral de la ley de transporte que ya se encuentra en análisis en distintas comisiones de la Cámara de Diputados. Marcelo Molina, director de Tránsito y Transporte, explicó que la iniciativa busca dejar atrás un sistema rígido y limitado, para abrir la oferta de servicios y ordenar el funcionamiento de taxis, remises, colectivos y transporte especial, con un fuerte control sobre la legalidad y la seguridad.
Uno de los cambios más significativos está en el servicio de taxis y remises. Según Molina, el esquema actual de licencias será reemplazado por un sistema de registro. “Hoy tenemos problemas con la compra-venta y el alquiler de licencias, algo que genera quejas en el sector y distorsiona el servicio. La idea es pasar a un registro: quien ya tiene su derecho lo mantendrá, pero se le otorgará un certificado de registración. Y lo más importante es que se abre la posibilidad a quienes cumplan con los requisitos de sumarse, ampliando la oferta”, señaló. En este esquema, cada chofer deberá registrarse individualmente, y cada vehículo también estará inscripto, con la exigencia de estar radicado en la provincia, contar con seguro de transporte de pasajeros y cumplir con las normas fiscales vigentes. “No habrá límites artificiales ni cupos: lo que se busca es cortar con la ilegalidad y permitir que nuevas personas puedan brindar un servicio más moderno y eficiente”, agregó.
El registro será gratuito, salvo que la ley tributaria disponga otra cosa, y los trámites se harán en línea, a través de una página web o una aplicación que ya está en desarrollo. El sistema también permitirá que los usuarios verifiquen en tiempo real si un vehículo está habilitado: bastará con ingresar la patente para corroborar si forma parte del registro oficial. Además, los autos habilitados tendrán una identificación visible en el exterior. Molina anticipó que incluso se estudia un incentivo económico para los ciudadanos que denuncien a quienes trabajen de manera ilegal. “Queremos que el sanjuanino sea parte del control, porque si abrimos el registro no tiene sentido que haya servicios por fuera de la ley”, enfatizó.
Otro eje de la reforma está en el transporte público de pasajeros. Allí se propone habilitar nuevas formas de financiamiento para la renovación de la flota, como el leasing, que permitiría que bancos o fondos de inversión incorporen unidades nuevas para las empresas prestatarias. También se limitará el porcentaje máximo de mercado que puede tener una sola empresa: del 30% actual se pasará al 15%, con el objetivo de fomentar mayor competencia cuando finalice la licitación vigente de RedTulum. A esto se sumará la posibilidad de desarrollar “líneas experimentales” con nuevas tecnologías: eléctricos, híbridos, a GNC o incluso sistemas alternativos como trolebuses o monorrieles.
El proyecto también incorpora un apartado especial para el transporte accesible, destinado a cubrir servicios vinculados a obras sociales, ART y traslados de personas con tratamientos especiales o movilidad reducida. Estos vehículos estarán debidamente identificados y podrán contar con adecuaciones específicas, como polarizados en la zona de pasajeros para resguardar a quienes deben viajar protegidos del sol. “Es dar respuesta a un sector que hoy no está regulado ni registrado y que necesita seguridad y reconocimiento en el tránsito”, explicó Molina.
En cuanto al transporte escolar, continuará dentro del esquema de servicios no regulares, pero con la obligación de registrarse bajo los mismos parámetros de control. La profesionalización de los choferes es otro punto clave: quienes transporten pasajeros deberán contar con licencia profesional, como lo exige la ley nacional de tránsito.
Finalmente, Molina subrayó que la reforma no pretende mezclar todo en una única norma, sino concentrarse en el transporte de personas y cargas, en coordinación con otras leyes como la tributaria y la de seguridad vial. “Lo que buscamos es un sistema más abierto, transparente y controlado, que dé al sanjuanino una mejor oferta de movilidad y que termine con la informalidad que hoy genera tantos problemas”, resumió.
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