Los costos en operativos por falsas amenazas en San Juan, rondan los $70 millones

Las llamadas anónimas que advierten sobre la presencia de explosivos en edificios públicos se convirtieron en una de las mayores preocupaciones de las autoridades en San Juan. Lo que antes parecía un hecho aislado, hoy es un fenómeno repetido que ya suma al menos 16 episodios en 2025. Cada operativo de verificación tiene un costo estimado de $4 millones, lo que implica que en los primeros ocho meses del año la provincia destinó más de $64 millones a movilizar policías, bomberos y recursos logísticos.

El protocolo obliga a tratar cada aviso como real hasta descartar la presencia de explosivos, lo que supone evacuaciones masivas, cierres temporales de edificios y un despliegue de personal altamente especializado. Funcionarios judiciales advierten que, además del costo económico, estos operativos implican la paralización de la actividad administrativa, hospitalaria o educativa en los lugares señalados.

El año comenzó el 6 de marzo, cuando un llamado al Centro Cívico obligó a desalojar a cientos de empleados. El autor, Emanuel Lucero, fue detenido días después y condenado a dos años de prisión efectiva. En junio, la amenaza recayó sobre el Hospital Rawson y derivó en la evacuación de casi todo el personal y los pacientes. La responsable, una bioquímica del mismo establecimiento, recibió una probation y deberá pagar $4 millones como reparación.

El fenómeno también alcanzó a las escuelas. En junio, un aviso anónimo obligó a evacuar tres establecimientos en simultáneo debido a la confusión en el nombre de la institución señalada. Luego se comprobó que la autora era una menor de edad. Apenas cinco días más tarde, otra alumna repitió la escena en la Escuela Eugenia Belín Sarmiento de Rawson. En julio, la amenaza llegó a la Escuela Boero, donde se evacuaron 1.500 estudiantes. En ese caso, dos alumnos mayores de edad fueron imputados y acordaron pagar, entre ambos, $4 millones en cuotas, además de cumplir tareas comunitarias.

El caso de mayor repercusión ocurrió el 1 de agosto, minutos antes del recital de Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni. La llamada anónima demoró el inicio del show y terminó con la detención de Juan Carlos Salem, un hombre de 74 años que confesó haber realizado la amenaza. Fue condenado a tres años de prisión en suspenso y multado por tenencia ilegal de armas. Ese mismo día, otra llamada obligó a evacuar una escuela del barrio Valle Grande, en Rawson.

El Centro Cívico volvió a ser blanco el 20 de agosto, cuando un menor de 14 años efectuó una llamada que derivó en la evacuación de todo el edificio administrativo. Su propia madre lo entregó a la Justicia tras enterarse de lo ocurrido.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que en cada operativo se despliegan decenas de agentes de Bomberos, Policía y brigadas especializadas, con un gasto millonario en logística y recursos humanos. Con 16 amenazas en lo que va del año, el costo estimado supera los $64 millones, sin contar las pérdidas indirectas por la interrupción de servicios públicos y privados.