Cayó el penitenciario sanjuanino acusado de liderar una estafa millonaria contra sus propios compañeros

Lo que durante semanas fue un rumor dentro del penal de Chimbas terminó convirtiéndose en un expediente judicial de gran magnitud. Este viernes quedó detenido Alejandro “Tati” Jofré, subayudante del Servicio Penitenciario, señalado como el principal responsable de un fraude que habría perjudicado a compañeros de trabajo y familiares por más de 130 millones de pesos.

La detención se concretó en los pasillos de Tribunales, precisamente cuando el propio Jofré se presentó para conocer el estado de las denuncias que lo tenían en el centro de la polémica. Fue en ese momento cuando la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, ordenó su arresto.

De acuerdo con fuentes judiciales, hasta ahora son 24 las denuncias ingresadas de manera oficial, aunque no descartan que el número se incremente en los próximos días. Veinte de las presentaciones fueron realizadas por penitenciarios que confiaron sus ahorros en manos de Jofré, mientras que las cuatro restantes corresponden a familiares de esos efectivos.

La maniobra que se le adjudica tiene similitudes con un esquema Ponzi: los supuestos beneficios que recibían los primeros inversores provenían en realidad del dinero que aportaban los más recientes. El sistema funcionó hasta que se cortó el flujo de capital, dejando en evidencia el engaño. Según testimonios, Jofré aseguraba que el dinero sería destinado a proyectos de construcción o a la reventa de harina, con promesas de ganancias de hasta el 50 por ciento en plazos breves.

La investigación no apunta solo contra él. Están bajo la lupa su novia, una expareja, su padre y su hermana, quienes conocerán las imputaciones en los próximos días. Algunos penitenciarios afirmaron que entregaron desde 1,5 millones hasta 20 millones de pesos, tentados por la idea de multiplicar sus ahorros.

Durante meses, Jofré se presentó como prestamista y gestor financiero, incluso con oficina en el centro de San Juan. Sin embargo, cuando estalló el escándalo dejó de concurrir al penal, donde ya había dejado de trabajar supuestamente por problemas de salud. La Justicia ahora intenta establecer el alcance real de la maniobra y el número de víctimas que podría ser mucho mayor que el registrado hasta el momento.