San Juan endurecerá las penas por falsas amenazas: cárcel y multas millonarias

El fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, advirtió que el Gobierno provincial no dejará pasar sin consecuencias la ola de amenazas de bomba que obligó en las últimas semanas a activar protocolos en el Centro Cívico, el Hospital Rawson, el show de Lali Espósito y en distintas escuelas. “Lamento profundamente que esto se haya puesto de moda, que no se dimensione la gravedad que tiene porque la aplicación de los protocolos”, dijo el funcionario, y adelantó que en un plazo de no más de dos semanas se tomarán definiciones sobre un nuevo sistema de castigos.

Según explicó, el objetivo es que el costo de cada operativo no recaiga en el Estado, sino en los responsables. “Nosotros queremos hacerles sentir las consecuencias porque no podemos dejar que pase desapercibido, no podemos decir ‘ah bueno hice un chiste, una broma y ya está’. Nosotros vamos a tratar de profundizar en lo máximo posible dentro de las normas y de los procesos legales correspondientes, pero lo máximo posible para que haya un castigo para que esto no suceda”, sostuvo.

En el caso de los adultos, la estrategia será avanzar con demandas civiles. “Comprende lisa y llanamente el inicio de una acción por daños y perjuicios que obligue a pagar un resarcimiento al responsable de la amenaza, a la par del costo del operativo”, detalló. Y agregó: “El Estado no solamente se conforma con que las personas paguen el procedimiento que se hizo del protocolo de seguridad, sino que también se incluyan todos aquellos elementos que produjeron un daño”. En ese punto, puso como ejemplo el caso de Juan Carlos Salem, en el show de Lali Espósito: “Todo eso involucró un gasto y un daño. Es un daño que se le produce al Estado, y el Estado lo va a salir a defender totalmente”.

El fiscal de Estado también se refirió a la situación de los menores de edad. “Lo estamos estudiando porque tampoco queremos dar pasos en falso, así que es una situación firme que va encaminándose, estamos en pleno proceso y también más que nada estamos con el tema de los menores que es algo más dificultoso de llevar a cabo”, afirmó. Explicó que se analiza aplicar un abordaje de Justicia Restaurativa Juvenil, que incluye la participación del entorno familiar y social. “No es un castigo propiamente dicho, es una instancia de reeducación, de readecuación en donde se involucra a todo el contexto social en el que vive ese menor, que son padres, tíos, primos, vecinos”, señaló.

Sobre el modo en que se trabajaría, Dávila remarcó: “Se hace un trabajo social profundo con una serie de medidas que lleven a que se reencauce el menor, no solamente en el ámbito individual sino en un ámbito social, que todo el ámbito que rodea a esa persona caiga en la cuenta de que hay algunas cosas que no se hacen como cometer delitos”. A modo de ejemplo, indicó que la propuesta incluye talleres y cursos “más que nada apuntalados a que tome consciencia de la conducta que una persona tiene que tener”.

Finalmente, no descartó que algunos casos puedan derivar en la institucionalización del menor. “Eso se tiene que dar. No podemos seguir con esto de que yo entiendo que es darle una palmadita y decir, mire, no lo haga más y nada más. Requiere de un tratamiento más extenso, con mayor desarrollo de los profesionales especializados para que esto no vuelva a suceder”, subrayó.