Informe revela que todos los cortistas sanjuaninos tienen vínculo con el peronismo

Una investigación difundida por el sitio Chequeado, en conjunto con Ruido y CONNECTAS, ubicó a San Juan entre las provincias con mayor nivel de injerencia política en la composición de su Corte de Justicia. El relevamiento determinó que en tres distritos —San Juan, San Luis y La Rioja— todos los jueces del tribunal superior cuentan con antecedentes de trabajo directo o vínculos con gobiernos del mismo color político que los designó: el peronismo.

De los 138 magistrados que integran las cortes supremas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, 88 presentaron algún tipo de relación previa con estructuras partidarias o gestiones gubernamentales locales, y 76 fueron designados bajo mandatos del mismo signo político al que respondían sus trayectorias anteriores.

En el caso de San Juan, los cinco miembros de la actual Corte fueron nombrados durante la gestión de Sergio Uñac, en un contexto de amplia mayoría peronista en la Cámara de Diputados. Entre ellos, Adriana García Nieto registra antecedentes como asesora letrada del Estado durante el gobierno de José Luis Gioja (2006–2012), y luego ocupó cargos en la Secretaría General de la Gobernación hasta mayo de 2018. Es además hermana de Pablo García Nieto, exlegislador y actual presidente del Tribunal de Cuentas.

Otro de los integrantes, Daniel Olivares Yapur, fue candidato a diputado departamental por el peronismo en Pocito en 2003, cuando Uñac obtuvo por primera vez la intendencia. Juan José Victoria, hoy presidente de la Corte, también ocupó cargos técnicos en municipios gobernados por el PJ y tuvo militancia activa dentro del espacio. A él se le adjudican roles en los equipos jurídicos de Rawson y Santa Lucía, aunque algunos de esos datos no pudieron ser verificados oficialmente.

Los otros dos miembros son Guillermo De Sanctis, quien fue Fiscal de Estado de la gestión Uñac y asesor legal durante los mandatos de Gioja, y Marcelo Lima, dos veces vicegobernador, primero junto a Gioja y luego con Uñac. Ambos tuvieron carreras políticas activas antes de su llegada al máximo tribunal provincial.

El estudio también refleja diferencias marcadas entre provincias. Mientras que en San Juan el 100% de los jueces tiene historial político, en otras jurisdicciones como Corrientes, Tierra del Fuego o Buenos Aires, ese porcentaje es significativamente menor. Santiago del Estero figura en el extremo opuesto, sin registros de miembros de la Corte con filiación o cargos partidarios previos.

En paralelo al informe, en San Juan circulan propuestas para revisar los mecanismos de selección de magistrados. Desde el oficialismo, el diputado Juan de la Cruz Córdoba anticipó que antes de fin de año podría presentarse un proyecto para reformar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La iniciativa apunta a establecer un sistema de evaluación con puntajes para exámenes, antecedentes y entrevistas, con participación de docentes especializados en la elaboración y corrección de pruebas.

El Consejo de la Magistratura está presidido actualmente por el propio Victoria, en representación del Poder Judicial, y lo integran la ministra Laura Palma (Ejecutivo), la diputada Fernanda Paredes (PJ) y los abogados Raúl Acosta y Valeria Torres. Todos fueron designados conforme al marco normativo vigente, que no restringe antecedentes políticos.

Finalmente, el informe incorpora la mirada de especialistas. Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho, advierte que la confianza en la Justicia es baja en América Latina y que la independencia de los jueces es clave para sostener la democracia. Por su parte, Fernando Gauna Alsina, director de la Asociación Pensamiento Penal, sostiene que si bien un pasado político no invalida a un juez, sería deseable que los procesos de selección prioricen criterios técnicos y públicos más exigentes para acceder a los cargos más altos del Poder Judicial.