El Gobierno de Milei avanza en la etapa final del proyecto de reforma del Código Penal

El Gobierno nacional trabaja en la etapa final del proyecto de reforma del Código Penal, cuyo texto busca modernizar la normativa vigente desde 1921, reducir discrecionalidades judiciales y dotar al sistema penal de mayor “dinamismo”, según fuentes oficiales. La mesa de legales se reúne cada jueves en el Salón Martín Fierro de Casa Rosada y está integrada por el asesor presidencial Santiago Caputo, su colaboradora Macarena Alifraco, la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el abogado penalista Fernando Soto.

De acuerdo con información adelantada a Infobae, el borrador contempla más de 900 artículos enfocados en intensificar la política criminal, actualizar penas para delitos graves —como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas— y limitar arbitrariedades en la evaluación judicial de las causas. El Poder Ejecutivo prevé enviar el proyecto a la Cámara de Diputados durante el período de sesiones extraordinarias, entre el 10 y el 31 de diciembre, con la expectativa de que su debate continúe durante febrero. La nueva correlación de fuerzas en el Congreso alimenta el optimismo oficial para avanzar con la iniciativa.

En declaraciones públicas, Amerio señaló que el objetivo central es “terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes”, mientras que Bullrich destacó que la reforma apunta a agilizar los tiempos judiciales y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas.

Endurecimiento de penas y cambios en delitos específicos
El proyecto incorpora un esquema de cumplimiento efectivo en aproximadamente el 82% de los delitos y propone elevar los mínimos de las penas en función de la gravedad del hecho y el daño causado. Entre los puntos evaluados figura la inclusión de la prisión perpetua para casos de magnicidio y nuevos agravantes vinculados a la edad y la profesión de la víctima.

Finalmente, no se avanzará con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, un tema inicialmente considerado, pero que fue descartado por su inviabilidad jurídica, según indicaron fuentes oficiales. Sí se prevé un aumento de las penas para funcionarios públicos que cometan delitos durante el ejercicio de sus cargos, lo que implicaría la pérdida de jubilaciones de privilegio.

En relación con los delitos de género, el Poder Ejecutivo decidió mantener la figura de femicidio incorporada en 2012, con el fin de evitar que el debate se desvíe hacia una discusión socialmente sensible. No obstante, el texto incluiría nuevos delitos, como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo, además de figuras destinadas a abordar infracciones en el ámbito familiar y conductas que afecten a personas vulnerables.

La reforma no modificará los artículos del Código Penal vinculados a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, vigente desde diciembre de 2020.

El debate legislativo y la posibilidad de una comisión bicameral
En Casa Rosada analizan impulsar una comisión bicameral para acelerar el tratamiento parlamentario y unificar criterios técnicos, aunque algunos sectores del oficialismo dudan de su efectividad. El nuevo escenario político, tras las elecciones de medio término, incrementa las chances del oficialismo para avanzar en la agenda penal.

Con una bancada de 95 diputados, La Libertad Avanza se posiciona como primera minoría en la Cámara Baja, seguida por Unión por la Patria con 93 escaños. El oficialismo aspira a capitalizar esta ventaja en la conformación de las 46 comisiones, clave para el avance legislativo.