Rosas sigue sin pagar la millonaria deuda de alumbrado público: qué pasará

El conflicto entre la empresa Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA) y la Municipalidad de Caucete por una deuda superior a los 550 millones de pesos entró en una etapa de negociaciones, según confirmó este martes el ingeniero Daniel Castro, interventor de la compañía. En diálogo con Diario Móvil, Castro explicó que ambas partes mantienen una línea de diálogo técnico y político con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple el reconocimiento del pasivo y un posible plan de pago.

“Estamos en diálogo con la municipalidad. Hay buena predisposición de ambas partes. Ya hemos tenido reuniones con personal técnico para revisar el relevamiento y evaluar también los riesgos que encontramos en la red eléctrica, especialmente en lugares donde hay peligro de electrocución con la vía pública”, señaló el titular de DECSA. En ese marco, explicó que actualmente trabajan de forma conjunta para identificar las zonas comprometidas y definir prioridades de intervención.

Sobre la deuda que mantiene la gestión de la intendenta Romina Rosas, Castro confirmó que se están analizando los valores determinados y que hay voluntad de pago por parte del municipio. “Seguramente a la brevedad vamos a estar definiendo alguna posibilidad de solución. Hemos tenido ya un par de reuniones con la intendenta y hay voluntad de avanzar”, afirmó.

No obstante, advirtió que aún no se alcanzó un acuerdo definitivo y recordó que existió un plan de pago anterior que no se cumplió. “Más allá de que hubo intentos previos, siempre estuvimos en discusión tratando de determinar el monto exacto. Ahora, con la resolución del ente regulador como referencia, vamos camino a un entendimiento”, dijo Castro, en alusión a la resolución 590/24 del EPRE que estableció una deuda de $553.977.749 por consumo eléctrico no facturado entre octubre de 2020 y diciembre de 2023.

El propio EPRE había advertido que, de no regularizarse la situación, el municipio podría quedar expuesto a sanciones y hasta al corte de suministro. Desde el organismo explicaron que el pasivo fue calculado a partir de una auditoría solicitada por la misma intendenta, en la que se detectaron luminarias sin declarar, fallas de gestión y un consumo estimado de más de 5 millones de kWh sin facturación.

En sus últimas declaraciones públicas, Rosas reconoció la existencia de la deuda pero cuestionó los criterios utilizados por el EPRE para calcularla, señalando que su equipo técnico detectó diferencias significativas. También denunció una supuesta intencionalidad política detrás del conflicto, sugiriendo que las críticas buscan desgastar su figura como jefa comunal. A pesar de ello, afirmó que buscará cumplir con la resolución “si eso no significa que estemos de acuerdo”.

Además de la discusión por el pasivo energético, Rosas enfrenta otras tensiones institucionales, como el reclamo del juez de Faltas municipal por salarios adeudados, un tema que también llegó al Concejo Deliberante. En ese caso, la jefa comunal atribuyó el retraso a la condición de “autoridad superior” del funcionario, priorizando el pago a trabajadores que dependen exclusivamente del salario.