El Gobierno argumentó que las leyes tenían un costo de $17 billones, no especificaban su financiamiento y que la sesión del Senado tuvo "graves nulidades".
Política
El presidente Javier Milei oficializó el veto a las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, basando su rechazo en tres argumentos centrales: el costo fiscal "exorbitante", la falta de fuentes de financiamiento genuinas y graves vicios en el procedimiento de sanción en el Senado.
A partir de los considerandos del decreto 534/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno calificó las iniciativas como un riesgo para la sostenibilidad de las cuentas públicas y un atentado contra el equilibrio fiscal.
El argumento central: un costo fiscal "inviable"
El principal motivo del veto es el impacto que las leyes tendrían en el presupuesto. Según el texto oficial, los tres proyectos en conjunto implicarían:
Un gasto adicional de más de $7 billones para el año 2025.
Un gasto adicional de cerca de $17 billones para el año 2026.
Estas cifras, según el Gobierno, equivalen al 0,90% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que "dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales" y pondría en riesgo el objetivo del superávit.
Falta de financiamiento y fallas técnicas
El decreto remarca que los proyectos incumplen el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda ley que autorice gastos especifique su fuente de financiamiento.
El Gobierno sostiene que las fuentes propuestas en el caso de la ley de jubilaciones son "manifiestamente insuficientes", ya que cubren menos del 4% del gasto total que se generaría.
En el caso de la moratoria previsional y la ley de discapacidad, el decreto afirma que "siquiera contemplan previsión alguna" sobre cómo se financiarán las medidas.
"Graves nulidades": las irregularidades en el Senado
El Poder Ejecutivo también argumentó que el proceso legislativo en el Senado estuvo "viciado por graves nulidades". Según el decreto:
La sesión del 10 de julio se habría llevado a cabo sin la citación previa correspondiente a los senadores.
El tratamiento de los proyectos se habría habilitado con una mayoría simple, cuando, según el Gobierno, se requerían dos tercios de los votos.
Se habrían otorgado carácter de dictamen a documentos que carecían de los requisitos formales, según advirtió la propia Secretaría Parlamentaria del Senado.
El Gobierno concluyó que estas irregularidades constituyeron un "atentado directo contra nuestra Constitución Nacional" y que, por lo tanto, no debía promulgar leyes "sancionadas ilegítimamente".
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el rechazo a las tres normas sancionadas por el Congreso. Argumentó que el costo fiscal era de 17 billones de pesos.
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