Corrupción K: Actualizan a más de 684 mil millones de pesos el monto que deberá devolver Cristina Kirchner y los otros condenados

La Justicia nacional estableció que los responsables de la maniobra fraudulenta en la obra pública, entre ellos Cristina Kirchner y Lázaro Báez, deberán reintegrar más de 537 millones de dólares al Estado. Tienen 10 días.

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Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner

La Justicia federal dio un nuevo paso en la Causa Vialidad, al actualizar el monto del perjuicio económico causado al Estado Nacional por la adjudicación irregular de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas. El cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el total a devolver asciende ahora a $684.990.350.139,86, una cifra equivalente a unos 537 millones de dólares.

El cálculo fue realizado a pedido del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que en 2022 dictó las condenas en el caso, y cuya sentencia quedó firme el mes pasado tras la resolución de la Corte Suprema. Entre los condenados se encuentran la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez, el exjefe de Vialidad Nelson Periotti y el exsecretario de Obras Públicas José López.

El nuevo valor surge de la actualización de los 86 mil millones de pesos inicialmente fijados como monto a decomisar, cifra que ahora fue ajustada por inflación y evolución de valores económicos. Según informaron fuentes judiciales, los condenados tendrán diez días hábiles para pagar el monto o entregar bienes equivalentes, y en caso de no hacerlo, se ejecutarán embargos para avanzar con la recuperación.

El juicio determinó que entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el 80% de las obras viales en Santa Cruz fueron adjudicadas a las empresas de Báez, en procesos plagados de irregularidades. Se comprobaron sobreprecios del 64% y un alto porcentaje de las rutas proyectadas quedaron inconclusas o abandonadas.

La Corte Suprema, al convalidar las condenas, definió lo ocurrido como una "fenomenal maniobra defraudatoria" que tuvo al Estado nacional como principal damnificado. Se trató de 51 contratos viales otorgados de forma direccionada, en una operatoria que generó uno de los mayores escándalos de corrupción en obra pública de la historia argentina.

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