Piden al Tribunal de Cuentas investigar a Romina Rosas por la deuda MILLONARIA con DECSA

Cuatro concejales de Caucete presentaron un pedido formal al Tribunal de Cuentas de San Juan para que tome conocimiento de la deuda millonaria que la Municipalidad mantiene con la empresa DECSA, encargada de la distribución eléctrica en ese departamento. La nota, ingresada oficialmente el 10 de julio de 2025, fue firmada por Ramiro Fernández, Franco Buffagni, Pedro Gómez y Emanuel Castro, quienes alertan sobre la gravedad institucional de la situación y piden que el órgano de control determine si corresponde intervenir.

En el documento, los ediles hacen referencia a una resolución del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que confirmó oficialmente el pasivo generado entre diciembre de 2022 y enero de 2025. Según manifestaron, la magnitud de la deuda podría comprometer el patrimonio y las finanzas públicas del municipio, por lo que consideran indispensable que el Tribunal de Cuentas analice los antecedentes y actúe conforme lo estime necesario.

El pedido de los concejales ocurre pocos días después de que el titular del EPRE, Roberto Ferrero, detallara públicamente que “el municipio es deudor de DECSA en la suma de 565 millones de pesos”, y que dicho monto fue determinado tras un análisis técnico “muy exhaustivo”. En diálogo con Diario Móvil, Ferrero explicó que se consideraron informes tanto de la empresa como del municipio, y que “en caso de duda, se tomó a favor del municipio”, usando, por ejemplo, el dato de luminarias proporcionado por la comuna ante la falta de uno alternativo por parte de DECSA.

La deuda está asociada al consumo de alumbrado público, que en Caucete se calcula de manera estimada, ya que no existen medidores instalados. Ferrero precisó que “no hay hilo piloto, fase y neutro, que son necesarios para una instalación eléctrica correcta. Esto debería haberlo hecho el municipio. Al no estar instalado, se estima el consumo y allí surgen las diferencias”.

Consultado sobre las posibles consecuencias del impago, el presidente del EPRE aclaró que las acciones para perseguir el cobro corresponden exclusivamente a la empresa y están previstas en el contrato de concesión. Además, la resolución emitida por el ente funciona como “certificado de deuda y título hábil para una ejecución judicial”.

Sobre la posibilidad de interrumpir el servicio, Ferrero la consideró inviable por cuestiones técnicas y de seguridad pública. También descartó que el EPRE tenga conocimiento de algún acuerdo con la Provincia para cubrir la deuda: “Nuestra función es técnica y regulatoria, no financiera. No intervenimos en decisiones presupuestarias o acuerdos políticos”.

Por último, sostuvo que si el municipio considera que la resolución es incorrecta, tiene derecho a recurrir a la Justicia. “Tenemos la tranquilidad de que el análisis fue riguroso. Buscamos que Caucete pague lo justo y que DECSA tenga recursos para prestar un servicio adecuado”, concluyó.