Procesaron a Alberto Fernández por incompatibilidad en los deberes de funcionario

El juez Sebastián Casanello procesó por corrupción a Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, por incompatibilidad en los deberes de funcionario público cuando era presidente.

La causa se originó con la investigación de la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del exmandatario.

Casanello ordenó un embargo sobre los bienes del expresidente por $14.634.220.283,68.

El fallo aseguró que el expresidente se involucró en el “plan de expansión de los negocios” de las empresas de Martínez Sosa con el Estado. En ese marco, el juez entendió que Fernández impulsó “a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones”.

Semanas atrás, el juzgado recibió un informe clave, elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), para avanzar en la causa. Según pudo saber TN, el documento “demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados” involucrados en el caso.

También fueron procesados María Cantero, exsecretaria de Fernández; su marido, Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del expresidente.

Con dicho decreto, Fernández impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación.

Cuando fue citado a declarar, el exmandatario se limitó a presentar un escrito en Comodoro Py donde aseguró: “No comprendo los cargos que me formulan”.

Además, detalló que el decreto no fue impulsado exclusivamente por él, sino por una serie de organismos del Estado, como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Nación Seguros.

“Este decreto fue una decisión política, no debe ser objeto de judicialización. Lo que buscamos fue generar la mejor sinergia entre los recursos públicos y mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado”, argumentó.