Milei denunció a la periodista Mengolini por injurias en su contra

El presidente Javier Milei llevó a la Justicia una denuncia formal contra la periodista Julia Mengolini, a quien acusa de haberlo injuriado públicamente con expresiones que, según argumenta, dañan su honor, tanto en el plano personal como institucional.

La querella fue presentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 7, a cargo del juez Sebastián Casanello. Allí, el abogado del mandatario, Francisco Oneto, detalló los motivos por los cuales el jefe de Estado decidió iniciar acciones legales contra la comunicadora.

La acusación se centra en afirmaciones que Mengolini realizó en distintos medios, incluyendo el programa Duro de Domar (C5N), así como en redes sociales. En uno de esos segmentos televisivos, la periodista se refirió de forma polémica al vínculo de Milei con su hermana, Karina, y a su estilo de vida junto a sus perros. Según el Presidente, los comentarios fueron formulados de forma maliciosa y con pleno conocimiento del daño que podían causar.

En la denuncia también se incorpora un tuit publicado por Mengolini en agosto de 2024, donde ella aclara sus expresiones y sostiene que su intención fue ampararse en la libertad de expresión. Sin embargo, para el entorno presidencial, esas aclaraciones no hacen más que reafirmar que las declaraciones fueron deliberadas y ofensivas.

Uno de los puntos más citados por la defensa de Milei es una entrevista que Mengolini le hizo al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en la que ella misma consulta si podía accionar judicialmente contra acusaciones falsas que recibió en redes sociales, vinculadas a su vida familiar. Para el Presidente, esa conversación deja en evidencia que la periodista es consciente del impacto que puede tener ese tipo de discursos, lo cual refuerza la existencia de dolo.

La querella se basa en el artículo 110 del Código Penal, que tipifica el delito de injurias, y sostiene que las declaraciones de Mengolini no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. En ese sentido, la defensa presidencial cita jurisprudencia de la Corte Suprema, remarcando que el ejercicio del periodismo no exonera automáticamente de responsabilidad cuando se emiten expresiones ofensivas o denigrantes.

Además, se plantea que el discurso crítico en el marco del debate público tiene límites, sobre todo cuando afecta derechos personalísimos como el honor, y que no todo puede ser justificado en nombre de la opinión o el interés público.

La causa ahora queda en manos de la Justicia federal, que deberá determinar si los dichos de la periodista constituyen un delito o si se encuadran dentro de la libertad de expresión garantizada por la Constitución.