Por estafar a sus afiliados con lotes, detienen a un dirigente gremial sanjuanino

Un alto dirigente sindical del rubro textil fue arrestado en el marco de una compleja investigación judicial por un supuesto fraude millonario relacionado con la venta de terrenos para un barrio que jamás se construyó. La Justicia también emitió una orden de captura nacional contra un empresario vinculado al proyecto, quien se encuentra prófugo.

El operativo fue ordenado por la Justicia provincial luego de que surgieran indicios de que el secretario general de un gremio de trabajadores textiles habría intentado eliminar pruebas clave. En consecuencia, su vivienda y la sede sindical fueron allanadas por orden de la jueza de garantías Celia Maldonado.

El detenido es Roberto Vega, referente de la Unión Obrera Textil en San Juan. Fue aprehendido en su residencia del barrio que lleva el mismo nombre que el sindicato, en Rawson. Paralelamente, las fuerzas de seguridad intentaron ubicar a Miguel Ceferino Aciar, dueño de la empresa DGA Construcciones, quien estaba vinculado a la obra, pero no lograron hallarlo ni en su domicilio ni en las oficinas de su empresa. La magistrada lo declaró en condición de prófugo.

La causa, dirigida por el fiscal Duilio Ejarque de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Estafas, gira en torno a la comercialización de lotes en el supuesto proyecto habitacional "Barrio Textil II". Según la denuncia, desde 2022 se ofrecieron carpetas de adjudicación por montos que partían de un millón y medio de pesos, con incrementos posteriores ajustados por inflación. Algunas familias llegaron a pagar hasta 8 millones de pesos con la esperanza de acceder a una vivienda.

Pese a las promesas, el emprendimiento jamás se concretó. El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) había requerido a los promotores completar trámites clave para aprobar la factibilidad del proyecto, especialmente por la titularidad del terreno. Sin embargo, nunca se regularizó la situación legal de la propiedad, que seguía en manos de un particular.

Según fuentes judiciales, el terreno en cuestión, ubicado en la zona de calle 10 y Lemos, en Pocito, ni siquiera fue adquirido formalmente por el gremio, lo cual derrumbó cualquier posibilidad legal de llevar adelante el desarrollo urbano. El IPV dio de baja la factibilidad y el proyecto quedó sin efecto.

Unas 150 familias que habían invertido en la propuesta quedaron completamente desamparadas. Hasta el momento, se han registrado al menos 48 denuncias penales por presunta estafa. Muchas de las víctimas se organizaron en una asociación civil, asesorada por abogados, para reclamar justicia.

Dos mujeres afectadas contaron a medios locales que, al adquirir los terrenos entre 2020 y 2022, les aseguraron que en un plazo de dos años podrían comenzar a construir. Sin embargo, nunca vieron movimiento de obra, ni señalización del loteo, ni avances visibles. Solo una plantación en el terreno les hizo sospechar que algo no estaba bien.

Vega y Aciar, indicaron, garantizaban que todo estaba aprobado por los organismos pertinentes, lo cual resultó ser falso. Incluso la constructora se habría desligado posteriormente, negando cualquier responsabilidad.

Actualmente, Roberto Vega se encuentra detenido en la Comisaría 36ª de Rawson, mientras que Aciar es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad a nivel nacional.