La medida transforma al INT en un organismo centralizado y deroga 21 de los 35 artículos de la Ley Nacional del Teatro (Ley 24.800), lo que afecta gravemente su funcionamiento.
El Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo clave en el fomento de la actividad teatral en todo el país, atraviesa una crisis institucional tras la publicación del Decreto 345/2024, el pasado 21 de mayo. La medida transforma al INT en un organismo centralizado y deroga 21 de los 35 artículos de la Ley Nacional del Teatro (Ley 24.800), lo que afecta gravemente su funcionamiento.
“La situación es compleja. Se pierde la autarquía y la autonomía administrativa, y también el espíritu federal de la ley”, explicó Guillermina Gómez Quiroga, actual representante regional y provincial de San Luis, quien además está a cargo de la representación de San Juan.
Según detalló, el decreto elimina los cargos de representantes provinciales, lo que impacta en la representación territorial y en la toma de decisiones. “Desaparece la figura de los representantes provinciales, que además integran el consejo de dirección, un cuerpo colegiado que garantiza que las decisiones respondan a las necesidades de cada región”, sostuvo.
La representante también advirtió que la falta de concursos para renovar cargos agrava la situación: “La Oficina Nacional de Empleo Público no interviene, por lo tanto, no se ejecutan los concursos. Hoy, 11 representantes estamos con mandatos prorrogados y en algunas provincias directamente no hay representación”.
Otro punto crítico es la incertidumbre sobre los apoyos económicos que el INT otorgaba históricamente a grupos teatrales en todo el país. “No hay comunicación oficial sobre cómo continuará el apoyo a la actividad teatral. Lo que sabemos es que la gestión va a estar centralizada en Buenos Aires, en manos de un director designado y un consejo asesor no vinculante, cuyo mecanismo de elección tampoco está establecido”, alertó.
Aunque el decreto ya fue publicado en el Boletín Oficial, Guillermina indicó que “la estructura anterior sigue vigente hasta que se presente una nueva, pero no hay fecha definida”.
Mientras tanto, distintos sectores de la comunidad teatral han presentado recursos de amparo para frenar la aplicación del decreto. También se presentaron proyectos de ley en ambas cámaras del Congreso para derogarlo.
“El panorama es gris, pero la comunidad está activa defendiendo un organismo que permitió el desarrollo del teatro argentino de manera equitativa y no centralizada”, concluyó.
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