Ruta del dinero K: el fiscal pidió que Lázaro Báez vuelva a prisión para cumplir su condena por lavado

Este martes, el fiscal federal Abel Córdoba solicitó que el empresario Lázaro Báez regrese a prisión para cumplir el resto de la condena de 10 años por lavado de dinero en la causa conocida como la "Ruta del dinero K", la cual fue confirmada recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El pedido también alcanza a Jorge Chueco (abogado) y Daniel Pérez Gadín (contador), quienes fueron condenados en la misma causa. Córdoba presentó su dictamen ante el Tribunal Oral Federal N°4, solicitando que se ordenen las capturas de los tres imputados y su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, dado que les resta pena por cumplir.

En el caso de Báez, estuvo preso entre abril de 2016 y diciembre de 2019, periodo en el que se le computaron tres años, seis meses y ocho días. Tras la revisión del fallo por parte del juez Néstor Costabel, se determinó que aún le restan seis años, seis meses y 22 días de cumplimiento efectivo.

Sin embargo, la defensa de Báez, encabezada por el abogado Juan Villanueva, objetó el cómputo. Argumentó que su cliente continuó detenido bajo prisión domiciliaria en otra causa relacionada, vinculada a la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay, por la que también fue condenado (aunque esa sentencia aún no está firme). En ese contexto, aseguró que Báez lleva nueve años y dos meses detenido en total, por lo que pidió un nuevo cómputo de pena.

Los casos de Chueco y Pérez Gadín presentan una situación similar: ya estuvieron detenidos —primero en cárceles federales y luego bajo arresto domiciliario—, pero aún deben cumplir lo restante de sus condenas firmes.

En paralelo, se presentaron ayer en Comodoro Py otros seis condenados que hasta ahora no habían sido detenidos. Entre ellos figuran Fabián Rossi, César Fernández, Juan De Rasis, Carlos Molinari y Eduardo Castro, todos con penas mayores a tres años. Quedaron alojados en la Superintendencia de Investigaciones Federales mientras se resuelven sus pedidos de prisión domiciliaria, solicitada por motivos de salud o edad.

El sexto imputado, Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, no fue detenido aún porque está internado desde el viernes por una descompensación. La justicia ordenó una consigna policial permanente hasta que reciba el alta médica y pueda concretarse su detención.

Ahora será el juez Néstor Costabel quien deberá resolver sobre todos los planteos presentados por la Fiscalía y las defensas.