En San Juan quieren que deudores de cuota alimentaria no puedan ocupar cargos públicos

Un proyecto legislativo que apunta a establecer límites más estrictos en el acceso al empleo público será ingresado formalmente en la Cámara de Diputados de San Juan. La iniciativa, elaborada por el legislador Leopoldo Soler, propone inhabilitar para desempeñar funciones dentro del Estado a toda persona que registre una deuda por cuota alimentaria o que haya sido condenada por delitos relacionados con abuso de género. La prohibición se extendería también a quienes prestan servicios como contratistas o proveedores.

La iniciativa, según explicó el diputado en declaraciones a Radio Sarmiento, “aplica no solo a cargos electivos, sino también a funciones dentro de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a toda relación contractual con el Estado provincial”. Soler indicó que la idea de este proyecto responde a una “preocupación personal y social” y señaló que, pese a intentos previos por resolver situaciones de esta índole a través de canales institucionales, “hay conductas que persisten y merecen una respuesta más clara desde el ámbito normativo”.

Uno de los puntos centrales del texto establece que no podrán acceder a cargos públicos aquellas personas que figuren en los registros oficiales de deudores alimentarios o que cuenten con condenas firmes por delitos contra la integridad sexual, violencia física o psicológica en el marco de relaciones de género. El legislador explicó que “la inhabilitación se mantendrá mientras persista esa situación legal, ya sea una deuda o una condena que no haya sido purgada”.

En cuanto al mecanismo de implementación, la norma prevé dos niveles de control: uno de carácter judicial, que interviene en los casos en que existan fallos o registros penales; y otro administrativo, que obliga a los organismos públicos a verificar la situación legal de quienes se postulen a cargos o licitaciones. “La ley apunta a que quienes tienen la responsabilidad de contratar o designar también asuman el deber de revisar estos antecedentes”, agregó Soler.

El diputado argumentó que la medida busca “instalar un principio de coherencia institucional, donde el Estado no premie ni avale a quienes incumplen con obligaciones básicas como alimentar a sus hijos o respetar la integridad de los demás”. Además, remarcó que la propuesta no fue inspirada exclusivamente por estadísticas oficiales, sino también por un caso cercano que lo motivó a transformar esa experiencia en una herramienta legislativa.