
Dieron a conocer el resultado de la autopsia de Melanie, la joven embaraza fallecida en San Juan
La pareja y familiares de la joven, afirman que no recibió la atención médica adecuada y denuncian mala praxis.
Proteccionistas celebraron el fallo que impone sanciones reales a un trabajador legislativo acusado de golpear a su perra. Deberá pagar una multa, hacer tareas comunitarias y no podrá tener animales por dos años.
Tras la resolución judicial que impuso una probation de dos años a Carlos Manuel Videla, empleado de la Legislatura filmado mientras maltrataba a su perra, organizaciones proteccionistas de San Juan expresaron su satisfacción por lo que consideran un fallo “sin precedentes” en la provincia.
Videla fue denunciado por agredir físicamente a su mascota, un hecho que generó fuerte rechazo social y repercusión en medios locales. Si bien no irá a prisión, el juez Federico Parra aceptó un acuerdo entre las partes que contempla duras condiciones para el acusado: deberá pagar una multa de $500.000 destinada a entidades proteccionistas, realizar tareas comunitarias en el Centro Ambiental Anchipurac y, además, se le prohibió tener animales durante los próximos dos años.
Emilia Merino, referente del refugio "Sala de Emergencia SJ", destacó la importancia simbólica y jurídica de la medida. “Se ha logrado algo que nunca se había conseguido antes. Antes las condenas eran en suspenso, sin consecuencias reales. Ahora, va a tener que salir de una oficina con aire acondicionado y traje, para estar a la intemperie clasificando residuos. No debe ser nada agradable”, sostuvo en diálogo con Diario Móvil.
Merino valoró especialmente el hecho de que, además de la sanción económica, haya una repercusión concreta en la vida cotidiana del imputado. “Quizá el monto de la multa no le cambie mucho si uno mira su sueldo, pero igual le va a doler. Y encima tengo entendido que fue desvinculado de su cargo. Esa es una señal clara”, afirmó.
Según la proteccionista, lo que se consiguió va más allá del castigo individual: “Un año de condena en suspenso para alguien que está por jubilarse no cambia nada. Esto sí lo afecta, sobre todo con la condena social encima. Es un mensaje fuerte”.
También hizo hincapié en el trabajo del abogado querellante, Alfredo López Martí, quien representó a la asociación. “Le agradezco profundamente. Supo conjugar distintas normas legales, no solo la ley 14.346 como se hacía antes. Este avance es mérito de una buena estrategia legal. Paso a paso, pero firmes. Vamos por más”, remarcó Merino.
La pareja y familiares de la joven, afirman que no recibió la atención médica adecuada y denuncian mala praxis.
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