Romina Rosas deberá dar explicaciones por la deuda millonaria del municipio

El conflicto entre la Municipalidad de Caucete y la empresa Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA) sumó un nuevo capítulo institucional este jueves 15 de mayo, cuando el Concejo Deliberante local resolvió convocar a la intendenta Romina Rosas a una interpelación. La medida fue aprobada al término de una extensa sesión ordinaria en la que los ediles acordaron que la jefa comunal deberá brindar explicaciones formales sobre la millonaria deuda acumulada por el servicio de alumbrado público, así como sobre los mecanismos de control aplicados por el Ejecutivo para administrarla.

Según se estableció, el temario de la interpelación incluirá un informe detallado del estado actual de la deuda con DECSA, los antecedentes que llevaron a su acumulación, los montos facturados hasta el último mes consumido, el contenido de la auditoría municipal que cuestiona los montos reclamados por la empresa, y toda la documentación presentada ante el EPRE y la distribuidora. La fecha de comparecencia aún no fue confirmada, pero los concejales esperan que se concrete en el transcurso de los próximos días.

La controversia se desató tras conocerse que el municipio caucetero adeuda más de 630 millones de pesos a DECSA. El dato fue confirmado por Daniel Castro, actual interventor de la empresa, quien explicó que el pasivo se arrastra desde hace años pero se agravó a partir de septiembre de 2024, cuando el EPRE resolvió que la deuda reconocida era de 465 millones de pesos. Desde entonces, la Municipalidad no cumplió con el plan de pagos propuesto y no abonó suma alguna, lo que disparó la cifra a los valores actuales.

En paralelo, la intendenta Romina Rosas presentó una auditoría interna que pone en duda las cifras reclamadas por DECSA. El municipio cuestiona la metodología de cálculo de la empresa y sostiene que existe sobrefacturación, especialmente por una estimación desactualizada del parque lumínico. Castro, en cambio, aseguró que los cálculos se hacen en base a parámetros consensuados desde 2016 con el propio municipio y auditados por el ente regulador. “Estamos dispuestos a revisar los valores si es necesario, pero hay una deuda real que debe resolverse”, dijo a este medio.

El conflicto escaló también por la vía política. El concejal opositor Emanuel Castro, del bloque Cambia San Juan, advirtió en su momento que el Ejecutivo había incrementado un 40% la planta política en medio de este escenario crítico, con más de 25 nuevas áreas de gestión y un gasto en personal que supera el 80% del presupuesto. En declaraciones anteriores, el edil había anticipado que, de no obtener respuestas claras, avanzarían con herramientas institucionales como la interpelación.