Desde DECSA salieron a responderle a Romina Rosas: "hay una deuda y hay que resolverla"

El conflicto entre la Municipalidad de Caucete y la empresa DECSA por el millonario monto adeudado en concepto de alumbrado público continúa sin resolverse. Mientras la comuna sostiene que hubo una sobrefacturación en el servicio, desde la distribuidora eléctrica afirman que la deuda es legítima y fue calculada según criterios pactados con anterioridad. La tensión se incrementó luego de que la intendenta Romina Rosas presentara una auditoría interna que pone en duda los números oficiales.

El ingeniero Daniel Castro, interventor de DECSA, respondió públicamente a través de una entrevista con DIARIO MÓVIL, en la que aclaró que la información presentada por el municipio ya fue incorporada al expediente que tramita ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE): “Hemos estado en una nueva reunión donde ellos han presentado esta documentación de la auditoría, y nosotros hemos presentado otra para agregar al mismo expediente. El EPRE tomará nota y evaluará toda la documentación”.

Castro aseguró que las facturas emitidas están respaldadas por los procedimientos habituales del ente regulador: “Todo cálculo de facturación, análisis y las facturas que salen todos los meses, tanto de los usuarios como del alumbrado público, terminan siendo auditadas por el EPRE y Control. En ese sentido, estamos tranquilos”.

Sobre las acusaciones del municipio de Caucete por un presunto exceso en la cantidad de luminarias, Castro explicó que una parte del alumbrado se mide con medidores y otra se estima en función de los datos aportados por la propia comuna: “Hay una parte que se mide, como en cualquier instalación, y una parte que se estima. Esa estimación se hace en base a la cantidad de lámparas, su potencia y el tiempo de uso. Desde 2016 venimos utilizando los mismos parámetros, que fueron consensuados en ese entonces con la Municipalidad”.

El ingeniero detalló que cualquier modificación en el parque lumínico debe ser informada por el municipio: “Si ellos agregan lámparas o cambian sodio por LED, tienen que notificarnos. Nosotros no tenemos injerencia en las obras. Si no hay una comunicación oficial, seguimos calculando con los datos preexistentes”.

En relación al origen del conflicto, Castro recordó que fue el propio municipio quien solicitó en 2022 al EPRE una revisión de los criterios de facturación. “Quien solicitó este análisis fue la misma Municipalidad. El EPRE ya emitió una resolución y ahora la comuna la está objetando. Está en todo su derecho, por supuesto, pero los números que manejamos no son inventados por DECSA. Son el resultado de un convenio”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de una demanda judicial por parte del municipio, el interventor indicó: “Estamos preparados para cualquier instancia. Nuestra posición es clara: no queremos cobrar más de lo que corresponde. Si hay que revisar valores, estamos dispuestos. Lo importante es regularizar esta situación”.

Finalmente, Daniel Castro remarcó que la empresa no busca confrontación, sino resolver el problema: “Estamos abiertos al diálogo, a entregar toda la información que sea necesaria y a llegar a un nuevo convenio si corresponde. Lo que queremos es que se acuerde una forma de pago. Sea más o menos dinero, hay una deuda y hay que resolverla”.