
Según trascendió, se buscó evitar el gasto de casi $1.000 millones que hubiera implicado su realización.
El gobernador cuestionó la desinversión del Ejecutivo en obra pública. Firmó un documento junto a intendentes "contra el abandono" del Gobierno.
PolíticaEl gobernador bonaerense, Axel Kicillof, denunció hoy a la administración del presidente Javier Milei por el ajuste presupuestario en la obra pública y calificó de "criminal" la desinversión del Ejecutivo en materia de infraestructura.
"El parate en obras educativas, de salud o de infraestructura social básica es una decisión criminal", cuestionó Kicillof durante un acto en la Universidad de San Martín, al tiempo que ponderó el "círculo virtuoso" que genera la actividad para mejorar la producción, el trabajo y el consumo.
"El único que no lo entiende es Milei", afirmó el gobernador, quien estuvo acompañado durante el encuentro por ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el intendente local, Fernando Moreira; y el rector de la casa de estudios, Carlos Greco.
La actividad se llevó a cabo frente a la Torre de Innovación Científico-Académica (TICA), una de las "obras reactivadas por el Gobierno provincial luego de haber sido paralizada por Nación", según indicó la gobernación en un comunicado.
Asimismo, al cumplirse los "500 días sin obra pública nacional", Kicillof junto a intendentes bonaerenses y de otras provincias suscribieron un documento "contra del ajuste y abandono del Gobierno", que será presentado en la Comisión de Obra Pública de la Cámara de Diputados.
El texto lleva las firmas de Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Carlos Ramil (Escobar), Andrés Watson (Florencio Varela), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Facundo Pérez (Hurlingham) y Abel Rauch (Luján), entre otros.
En tanto, desde otras provincias del país también sumaron su apoyo Emir Andraos (Tunuyán, Mendoza), Flor Destéfanis (Santa Rosa, Mendoza), Pablo Corsalini (Pérez, Santa Fe) y el exintendente Martín Gill (Villa María, Córdoba), en representación de diversos jefes comunales del interior del país.
Según trascendió, se buscó evitar el gasto de casi $1.000 millones que hubiera implicado su realización.
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