Scioli.Merlo Daniel Scioli habló sobre la toma de terrenos en Merlo. El candidato presidencial del oficialismo dijo que no quiere "violencia ni ningún episodio que lamentar".
Daniel Scioli junto a Sergio Berni.
El candidato presidencial del FPV, Daniel Scioli , dijo que es necesario analizar si la toma de terrenos en Merlo tiene una motivación política, o bien surgió a partir de las necesidades habitacionales de la gente.
"Estamos en contra de las tomas ilegales. Pero también hay que analizar profundamente si es una cuestión política o hay una necesidad habitacional", dijo el actual gobernador bonaerense.
Ayer se conoció una denuncia judicial por la usurpación de tierras en Merlo. Se trata de un predio de 60 hectáreas, cercano a la ruta 1003, que está tomado por unas 3000 familias.
Actualmente, Merlo es gobernado por el intendente saliente Raúl Othacehé, jefe comunal durante los últimos 24 años. Othacehé perdió la última elección contra Gustavo Menéndez, del FPV.
"No queremos violencia, ni ningún episodio que lamentar", agregó hoy Scioli.
El senador sanjuanino cuestionó las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete sobre las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales.
El gobernador fue consultado por las versiones que ubican a la provincia dentro de una gira que el Presidente realizaría por el interior del país. Aseguró que no recibió información oficial.
El gobernador defendió el financiamiento aprobado por la Legislatura, aseguró que la obra pública es una prioridad y sostuvo que San Juan debe prepararse para aprovechar las inversiones que proyecta para los próximos años.
La Policía realizó 14 allanamientos simultáneos en distintos sectores del departamento. Se incautaron motocicletas con irregularidades, bicicletas, herramientas vinculadas a un robo y seis personas quedaron a disposición de la Justicia.
El sujeto tenía una orden de captura vigente desde abril. Fue localizado por personal de Investigaciones Norte durante un operativo realizado en la zona norte del Gran San Juan.
Los imputados acordaron una reparación económica de $1.000.000 para cada damnificado, pero una disputa entre Fiscalía y el juez de Garantías frenó la homologación del acuerdo.