
Mario Alberto Alday, de 78 años, apareció sin vida dentro de su vivienda tras un incendio. La Justicia estableció que se trató de un asesinato y trabaja en las pericias para determinar cómo ocurrió el crimen.
El gobierno nacional se prepara para modificar el sistema de Revisión Técnica Obligatoria, mientras en San Juan se debate una suspensión temporal que no logra apoyo en la Legislatura.
La Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida en otras jurisdicciones como Verificación Técnica Vehicular (VTV), está a punto de experimentar una profunda modificación a nivel nacional. Según confirmaron fuentes oficiales, antes de marzo se dará a conocer una nueva reglamentación que modificará el actual sistema, con cambios que incluyen la apertura del servicio a talleres particulares y concesionarios oficiales.
En San Juan, sin embargo, la discusión sobre la RTO tuvo otro sentido, ya que el diputado provincial por el Partido Bloquista, Luis Rueda, mencionó la posibilidad de presentar un proyecto para suspender la aplicación del sistema durante 12 meses. La justificación principal radica en el estado de las calles de la provincia, que, según argumenta, haría inviable exigir a los automovilistas el cumplimiento de una revisión que garantice condiciones de seguridad cuando la infraestructura vial no acompaña.
No obstante, la iniciativa no ha encontrado el respaldo suficiente en la Cámara de Diputados. Fuentes legislativas señalan que no habría consenso para aprobar una suspensión temporal del sistema, lo que implicaría que los sanjuaninos continúen obligados a cumplir con la RTO mientras se definen los nuevos alcances de la normativa nacional.
A nivel país, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, impulsa una serie de cambios en el código de tránsito, entre ellos, la digitalización de los certificados de verificación y la eliminación del monopolio de las plantas oficiales para realizar el control. También se modificará la periodicidad de los controles: los autos nuevos tendrán una prórroga de cinco años antes de realizar la primera revisión, y posteriormente se deberá hacer cada dos años hasta alcanzar la década de antigüedad, momento en el que el control será anual.
Para San Juan, la posibilidad de adherirse o no a la nueva reglamentación quedará en manos de las autoridades provinciales
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