El Gobierno nacional implementó un nuevo régimen de contrataciones para el sector público mediante los decretos 1148/2024 y 1149/2024, publicados en el Boletín Oficial. Las normativas establecen restricciones en las designaciones, límites en la duración de los contratos y requisitos de evaluación para los empleados públicos.
Restricciones en contrataciones y designaciones
El decreto 1148/2024 prohíbe, de manera general, realizar designaciones o contrataciones en las jurisdicciones y entidades del sector público nacional, a incluir:
Designaciones a término en las Plantas Transitorias del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
Contrataciones bajo la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 en todas sus modalidades.
Contrataciones de servicios profesionales autónomos.
Designaciones transitorias en cargos simples de planta permanente.
Contrataciones bajo estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias.
Excepciones a las restricciones
A pesar de las limitaciones, se permiten excepciones en sectores específicos como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, universidades, el Servicio Exterior, guardaparques y el personal profesional de hospitales. También se exceptúan las designaciones transitorias en unidades organizativas del SINEP, cargos equivalentes en estructuras orgánicas vigentes y miembros del Gabinete.
El decreto establece además que por cada tres bajas de personal, las jurisdicciones podrán disponer de una alta, previa validación de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público.
Duración de contratos y evaluaciones
El decreto 1149/2024 fija un límite máximo de seis meses para los nuevos contratos del sector público que inician a partir del 1 de enero de 2025. Además, se exige que los empleados acrediten la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias realizada en diciembre de 2024.
Quienes no aprueben esta evaluación no podrán ser contratados más allá del 31 de marzo de 2025. Según el Gobierno, el 95% de los trabajadores que rindieron el examen lograron aprobarlo.
Objetivo de las medidas
El Ejecutivo justificó estas modificaciones en el marco de la "emergencia pública" y con el propósito de optimizar los recursos del Estado. Además, se instala a las empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria a implementar medidas similares.
