
Mariano Andrés Herrera, de 39 años, fue hallado sin vida en su domicilio pocas horas después de cubrir un show de La Vela Puerca junto a un colega de la radio El Puente Rock.
El fiscal fue acusado de manipular pruebas y hasta testigos, por un sujeto que recibió una condena en su cotra. La causa estuvo en manos de la UFI Genérica, pero fue desestimada.
La UFI Genérica del Ministerio Público Fiscal de San Juan desestimó una denuncia presentada por Luis Darío Endrizzi, quien alega irregularidades en el proceso de un caso que lo involucra. Endrizzi señaló que el fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, manipuló pruebas y testigos en el juicio relacionado con el homicidio agravado de Carlos Crespillo, del cual Endrizzi fue acusado. La denuncia detalla supuestas irregularidades en el manejo de pruebas, testimonios y procedimientos que podrían comprometer la imparcialidad de la investigación.
Pese a las acusaciones, el fiscal Ignacio Antonio Achem, de la UFI Genérica, dispuso desestimar la promoción de la investigación del hecho y ordenar que se archive por inexistencia del delito. Pues, sostuvo que advirtió un desconocimiento evidente de las normas procesales del denunciante (Endrizzi). Además, Achem destacó que la resolución absolutoria que recaía sobre el legajo no está firme a la fecha y que a cualquier evento lamotivación de la absolución, se funda en el beneficio de la duda, situación procesal que está a favor del denunciante.
Según Endrizzi, durante el juicio se evidenció una manipulación del material probatorio. Alegó que hubo omisión de pruebas clave como prendas de vestir que habrían sido ocultadas por el fiscal Grassi. Estas pruebas, que Endrizzi asegura nunca fueron peritadas, incluían varias prendas halladas en el domicilio del occiso. Además, durante el juicio, el fiscal presuntamente omitió mencionar en el informe de ADN que las pruebas contenían el perfil genético del fallecido. También se indica que el fiscal sobreseyó a otros imputados sin la presencia del denunciante ni su abogada.
Además, según la denuncia, fue llamado a declarar cinco meses después de su autopsia original para cambiar la estimación de la hora de muerte de la víctima. Este cambio ha sido interpretado por Endrizzi como un intento de alterar el curso de los hechos. Sin embargo, el tribunal valoró el testimonio del forense como una interpretación técnica basada en las condiciones específicas del lugar donde fue hallado el cuerpo, argumentando que no constituía una alteración significativa.
El denunciante añadió que existió una supuesta intimidación a testigos por parte del fiscal Grassi, quien habría amenazado con imputarlos por falso testimonio si no declaraban que la víctima murió en una fecha específica. Además, se describe un episodio en el que miembros de la UFI Delitos Especiales se presentaron en un colegio privado sin orden judicial para solicitar información sobre dos testigos, hecho que añade tensión a la credibilidad del proceso.
Por otra parte, Endrizzi también expuso que, de los cinco teléfonos celulares incautados durante la investigación, solo el suyo fue peritado. Según el denunciante, este acto evidencia un manejo parcial de la prueba, omitiendo datos que podrían ser relevantes para la defensa.
En un comunicado emitido este lunes, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que se debe mantener un rol activo y objetivo en la construcción de los hechos para asegurar la imparcialidad del juicio, subrayando que el fiscal tiene la responsabilidad de recopilar y presentar pruebas que respalden su caso. No obstante, en el contexto de este sistema acusatorio, cada parte, tanto la acusación como la defensa, debe asumir un rol proactivo en la investigación y recolección de pruebas. De acuerdo con la defensa, el deber de objetividad del fiscal se ha visto comprometido por las presuntas prácticas irregulares señaladas en la denuncia.
Este caso expone una serie de problemas que reflejan el desafío de mantener la imparcialidad y transparencia en el proceso judicial, y si se confirma la veracidad de las denuncias, podría derivar en sanciones para los involucrados y un replanteo de ciertos procedimientos en el Ministerio Público Fiscal. La justicia deberá resolver si la actuación del fiscal Grassi se mantuvo dentro de los estándares legales o si las alegaciones de Endrizzi abrirán un nuevo frente judicial en la provincia de San Juan.
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