Otro funcionario K en la mira de la Justicia por enriquecimiento ilícito

El juez Rodríguez pidió investigar la evolución del patrimonio de Julio De Vido hasta la actualidad y no sólo hasta 2007. Desde sectores judiciales preparan una serie de medidas de prueba.

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En 12 años Julio De Vido se mantuvo indemne ante las acusaciones en la Justicia. Fue un ministro de muy alta exposición y nunca tuvo mucho de qué preocuparse en los tribunales. Pero con el final del ciclo kirchnerista las causas en su contra comenzaron a recalentarse y ahora amenazan con crearle problemas.

El juez federal Luis Rodríguez motorizó una vieja denuncia por enriquecimiento ilícito contra el ministro de Planificación y pidió al fiscal federal Patricio Evers que amplíe el objeto de la investigación hasta la actualidad. La causa abarca a de Vido y a su esposa, Alessandra Minnicelli, imputada al igual que el ministro. Se les cuestionan la adquisición de una chacra de cuatro hectáreas en Zárate, el alquiler de otro inmueble en la Capital y la relación de los imputados con distintas sociedades cuyos directivos y/o accionistas tomaron intervención en esas operaciones inmobiliarias.

Originalmente la denuncia del abogado Ricardo Monner Sans ponía bajo la lupa el crecimiento patrimonial de De Vido desde 2003, cuando asumió como ministro de Planificación Federal, hasta 2007, cuando la revista Noticias publicó una nota en la que describía su chacra de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Ahora, el juez Rodríguez entendió que como esa propiedad se terminó de pagar en 2008, el caso debe ampliarse hasta ese año y, aún más, debe abarcar los bienes del funcionario hasta el presente.

Con ese objetivo le envió el expediente al fiscal Evers, para que realice una ampliación del objeto procesal y así evitar futuros planteos de nulidad de los defensores de De Vido.

Mientras tanto, en el juzgado federal ya preparan una batería de medidas de prueba para ahondar la investigación sobre el patrimonio del ministro que manejó un presupuesto multimillonario en todas las obras públicas nacionales realizadas en los últimos 12 años.

Se trata de oficios a la Oficina Anticorrupción, para pedir las declaraciones juradas de bienes, las públicas y las reservadas; oficios al Banco Central, para conocer sus cuentas bancarias y saber con qué bancos opera el funcionario, y a la Bolsa de Valores, para saber si tiene acciones u otros instrumentos de inversión.

También prepara un pedido para que la Unidad de Información Financiera (UIF) le informe si algún banco o aseguradora emitió algún reporte de operación sospechosa (ROS) que involucre al funcionario y oficios a los registros de la Propiedad Inmueble, Automotor, de yates y de aviones, para saber qué propiedades y vehículos tiene a su nombre. Se trata del protocolo estándar para averiguar datos en las investigaciones de enriquecimiento ilícito.

Esta causa contra De Vido tuvo un largo derrotero que la llevó hasta la Corte Suprema de Justicia.

Estuvo a punto de quedar enterrada para siempre y sólo le dio sobrevida un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación, que finalmente revocó el sobreseimiento del funcionario. Lo firmaron los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, que hicieron además lugar a un recurso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

En su fallo, los jueces usaron palabras del ex presidente Néstor Kirchner contra la corrupción, y advirtieron que en el caso de bienes de funcionarios públicos se debe investigar "cuando ese aumento del patrimonio excede crecidamente y con evidencia las posibilidades económicas provenientes de los ingresos legítimos del sujeto, sin justa causa comprobada".

Casación ordenó profundizar la causa sobre De Vido y su esposa, que fue adjunta de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). En 2009 el entonces juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid consideró justificado el incremento patrimonial y los sobreseyó, pero la medida fue apelada por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Guillermo Noailles. La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento, pero hubo una serie de apelaciones que llegaron hasta la Corte Suprema, ante la posibilidad de que la FIA pudiera apelar como querellante.

El año pasado, la Sala I de la Cámara Federal ratificó el sobreseimiento de De Vido y su esposa, pero la Casación dio vuelta esa sentencia.

Allí se mencionó la necesidad de retomar la investigación desde el principio con nuevas medidas, como las que planea Rodríguez, que además decidió, con el fin del kirchnerismo, ampliar la pesquisa.

Una vieja pesquisa, con nuevo impulso

Bienes

El juez Luis Rodríguez le dio renovado impulso a la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra De Vido y su mujer, Alessandra Minnicelli, en la que se investigaba la evolución de su patrimonio entre 2003 y 2007.

Ampliación

El juez federal quiere ahora que esa investigación incluya también la evolución posterior de los bienes de la pareja y que llegue hasta la actualidad; para eso le envió el pedido al fiscal patricio Evers, a fin de que éste disponga la ampliación del objeto procesal.

Pruebas

En el juzgado de Rodríguez preparan en tanto una serie de medidas de prueba, como pedir las declaraciones juradas de bienes del funcionario, oficios al Banco Central para que detalle con qué bancos opera y a la Bolsa de Valores para saber si tiene acciones u otros instrumentos financieros.

 

Fuente: La Nación.-