Sebastián López, Secretario General de la Unión Judicial, brindó algunas consideraciones respecto del concurso en el Poder Judicial y aseguró que “esta es la etapa más crítica” en cuanto a “discrecionalidad”.
“Nosotros en ese sentido ya hicimos la crítica y la apreciación cuando vimos el concurso en su momento. La discrecionalidad ahora queda, habiendo llegado a esta etapa, en manos de la Corte. Era la etapa más crítica del concurso”.
Así lo indicó López y explicó que en la etapa siguiente la Corte observará a los concursantes aprobados de acuerdo a un perfil establecido por la Secretaría Administrativa.
“Este perfil lo realizó en base a encuestas con los distintos jueces de las distintas áreas del Poder Judicial para de esos 600 empleados elegir 200, de ahí entrarán los 96 y los demás quedarán para futuras vacantes”, dijo y agregó que no sabría responder si esa será la excusa para que ingresen familiares de empleados y funcionarios.
Por otro lado, el titular de la Unión Judicial se refirió a los pedidos de concurso del gremio y dijo que “lo primero que pedimos fue reescalafonamiento porque tenemos empleados que hace 30 años no ascienden”.
“Nosotros no tenemos el beneficio del 82%, pedíamos un concurso trasparente que permita evaluar los conocimientos para acceder al próximo cargo. La Corte derogó el concurso y dejó los ascensos librados a su decisión. La Corte hace un reglamento de concurso, le va mal, lo deroga, después hace otro. Después lo deroga y hacer otro. Realmente es una cuestión arbitraria”, concluyó.
El senador sanjuanino cuestionó las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete sobre las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales.
El gobernador fue consultado por las versiones que ubican a la provincia dentro de una gira que el Presidente realizaría por el interior del país. Aseguró que no recibió información oficial.
El gobernador defendió el financiamiento aprobado por la Legislatura, aseguró que la obra pública es una prioridad y sostuvo que San Juan debe prepararse para aprovechar las inversiones que proyecta para los próximos años.
Los imputados acordaron una reparación económica de $1.000.000 para cada damnificado, pero una disputa entre Fiscalía y el juez de Garantías frenó la homologación del acuerdo.
Más de cuatro siglos después, la provincia recuerda sus orígenes y el legado de quienes habitaron estas tierras antes y después de la llegada de los españoles.