El Gobierno elimina controles aduaneros para indumentaria y calzado

Este martes, la Secretaría de Industria y Comercio ha eliminado el control aduanero del etiquetado para productos textiles y de calzado que ingresan al país. Esta medida busca reducir los costos de la burocracia y simplificar los procesos de importación, estableciendo que el cumplimiento del etiquetado será verificado ex post.

Según un comunicado de la secretaría a cargo de Pablo Lavigne, "los productos comercializados en el país deben llevar etiquetas con información sobre la empresa y las características del producto. En el caso de textiles y calzados, estas etiquetas informan datos relevantes para el consumidor, pero no incluyen atributos de seguridad".

Hasta ahora, los productos necesitaban estar etiquetados en su lugar de origen para ser importados y comercializados localmente. De no contar con etiquetado, se requería una autorización para realizar el etiquetado local a través del proceso de Adaptación al Mercado Local (AML).

La medida también apunta a evitar procesos arbitrarios y costosos que han retrasado significativamente la disponibilidad de mercadería, con más de 1.500 expedientes gestionados solo en 2023 en la Secretaría de Industria y Comercio.

Con las resoluciones 156/2024 y 159/2024 publicadas en el Boletín Oficial, las empresas ahora deben asegurar que los productos estén etiquetados antes de la comercialización. El control de esta obligación será fiscalizado ex post por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, garantizando el cumplimiento previo al ingreso al mercado.

En palabras de Santiago Migone, Jefe de Asesores de la Secretaría de Industria y Comercio, se han implementado varias medidas para facilitar la importación de textiles y calzado, incluyendo la eliminación de diversas barreras burocráticas como el SIRA, Licencias No Automáticas, Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) y el control aduanero.

Esteban Marzorati, Subsecretario de Comercio Exterior, destacó que anteriormente los productos sin etiqueta debían pasar por un largo proceso de autorización, lo que generaba demoras significativas y aumentaba los costos de almacenamiento. La medida actual elimina estas barreras administrativas sin descuidar el control necesario en el momento de la comercialización para evitar prácticas que distorsionen el mercado.