El objetivo es evitar que puedan seguir al frente del negocio del tráfico de drogas y digitando crímenes a través de sicarios.
El Gobierno estableció una serie de medidas para controlar las comunicaciones de los presos de alto riesgo, como los líderes de bandas narco, y así intentar evitar que sigan ordenando crímenes o estando al frente de negocios ilegales desde complejos penitenciarios.
A través de la Resolución 297/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad fijó las normas que regirán las comunicaciones telefónicas autorizadas a los internos
incorporados al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal.
El teléfono público se ubicará fuera del sector de alojamiento y cada uno de los internos de alto riesgo "podrá comunicarse telefónicamente a través de la/s línea/s autorizada/s, una vez por
semana, en un día y horario fijos y determinados en forma previa".
Además, se fijó que las comunicaciones telefónicas las realizará personal de custodia a efectos de comprobar si el receptor -previamente identificado- está dispuesto a recibir la
llamada.
"Las restricciones establecidas en la presente no serán aplicables a las comunicaciones que cada interno efectúe con sus abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes
judiciales; con los abogados que hubiera designado en tal carácter y dentro del plazo previsto para la formal aceptación del cargo, ni tampoco a las comunicaciones que se efectúen con los organismos de control", estableció la resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Al justificar las nuevas medidas de control, la funcionaria nacional indicó que un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Procuración General de la Nación "alertó acerca del empleo de diversas tácticas que permiten sortear las restricciones establecidas en las comunicaciones telefónicas autorizadas a los internos incorporados al Sistema".
"Esta forma de evadir los controles penitenciarios posibilita que, una vez iniciado el llamado, el contacto habilitado permita la comunicación con otras personas no autorizadas o, incluso, excluidas del listado de contactos autorizados. Se destacó expresamente que, concretada la comunicación con personas no autorizadas mediante tales mecanismos, se han identificado indicaciones para la comisión de actividades ilícitas fuera del establecimiento penitenciario", fundamentó.
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