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Al barrio San Martín le pasan todas últimamente. Evidentemente, una mala gestión de la administración acarreada por años, está haciendo pagar a los vecinos las consecuencias que hoy corren riesgo hasta de perder sus casas.
Ivana Toledo y Jorge Cerezo, entre otros vecinos del barrio San Martín, llegaron a Radio La Red para comunicar su situación, en busca de alguna respuesta por parte del Gobierno, la Justicia, o mínimamente de los mayores responsables, la Administración del Consorcio.
Lo cierto, es que el consorcio debe más de $5.000.000 a AFIP, por no pagar los aportes de contribuciones del personal. La Administración Federal ofreció hace un tiempo un plan de pago de 120 cuotas con intereses moderados, y aunque los vecinos pidieron a la administración, presidida por Roberto Zalazar, que adhiriera, negaron la propuesta.
Por ese motivo los vecinos contrataron al abogado Oscar Blanco, que a través de una investigación judicial reveló que la plata del consorcio se maneja en efectivo, ya que las cuentas que aparecen en el balance no se usan por estar embargadas por AFIP.
¿El temor? Ya se embargaron varios locales comerciales pequeños, a un valor muy bajo, y los vecinos tienen miedo de que estos embargos se extiendan a sus departamentos, ya que no saben qué criterios puede asumir la AFIP. Además, una mujer de 86 años, según comentó Ivana, maneja desde diciembre las cuentas en efectivo y nadie sabe qué hacen exactamente con la plata.
Otra de las averiguaciones del abogado Blanco, fue que el consorcio paga un 10% de los honorarios del abogado Zuleta, quien se encarga de los asuntos legales de la administración: los gastos de embargos, intimaciones, foros, etc. El consorcio, por su parte, tiene una morosidad del 30%. En total, los vecinos pagan cerca de $600 de expensas.
Para colmo, la Asamblea Judicial, según los síndicos, no es representativa porque debería haber 8 personas y solo hay 3, por lo que las decisiones no son legítimas del grupo total de vecinos. A un grupo de vecinos, entre los que se encuentra Jorge Cerezo, llegó una carta documento intimando para paga la suma de $30.000, sin previo aviso judicial, por una nota realizada por los síndicos en Nuevo Diario. Si bien están preparando la denuncia, los costos son muy altos y la administración no quiere hacerse cargo.
“Yo estuve averiguando con una profesional por calumnias e injurias hacia mí, inclusive con una nota que decía que cometía actos de violencia. Pero a mí me sale $3000 hacerle la denuncia a cada uno. Nos parce justo que el consorcio pague los costos penales. Tenemos que pagarle a la veedora judicial también. Mucha gente nos dice por qué no denunciamos, pero no hay ningún abogado que atienda gratis”, dijo Ivana Toledo.
El problema es grande. A esto se le suman los costos que tuvo que afrontar cada familia por los inconvenientes con las habilitaciones de gas. Son 4000 familias, que además, se prevé tengan problemas con el agua próximamente, dado que la torre tanque de agua posee graves fallas estructurales y no se limpia hace 10 años. En 2011 prometieron su arreglo, se firmó y todo, pero no sucedió.
“No nos escucha la administración. Tenemos una pila de cartas documentos y notas pero es como si nada, no contestan”, explicó Cerezo y agregó, que además “tenemos problemas de la luz, dos por tres está cortada, hay gente de edad que no puede caminar”. “Dos por tres se están rompiendo los ascensores, cuando no es la plaqueta e su cable. Estamos en un sector que se ha venido a la muerte. No funcionan los porteros eléctricos”, concluyó Cerezo.
Lo cierto es que los vecinos del Barrio San Martín atraviesan una situación por demás difícil, y necesitan algún responsable. ¿Alguien se hará cargo o brindará apoyo?
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