No trasladarán la causa Hotesur a Río Gallegos

La causa en la que se investiga a las empresas hoteleras de la presidenta Cristina Kirchner por supuesto lavado de dinero y sus vínculos con el empresario kirchnerista Lázaro Báez se tramitará en el juzgado federal porteño de Daniel Rafecas y no en Río Gallegos, como pidieron los K. Sin embargo, esta decisión que tomó ayer la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia será revisada por la Cámara de Casación Penal, que tendrá la última palabra.

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En la Casación, la causa está radicada en la Sala I, integrada por tres conjueces subrogantes que el kirchnerismo colocó en ese lugar. El primer efecto práctico que tiene el fallo de ayer es que la investigación a los Kirchner entrará en un compás de espera y estará paralizada hasta que se sepa quién investiga.

La radicación del expediente no es menor: en Buenos Aires, el juez Claudio Bonadio avanzó con operativos sobre los Kirchner hasta que fue apartado del caso, que quedó en manos de Rafecas. Este magistrado, que archivó la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidenta, avaló la validez de las evidencias reunidas por Bonadio. Pero no avanzará hasta que se defina la radicación del caso.

El origen de esta investigación son notas de LA NACION sobre actividades que la Cámara de Comodoro Rivadavia describe crudamente: que Néstor y Cristina Kirchner colocaron sus hoteles Las Dunas y Alto Calafate en manos de la firma Valle Mitre, de Báez, y que esa empresa y otras siete del empresario firmaron convenios de alojamiento, algunos prepagos y confidenciales, sin importar que los cuartos estuvieran o no ocupados.

En la Patagonia, la causa se tramitaba en el juzgado de Río Gallegos, atendido por una conjueza. Todos los casos que involucraron al kirchnerismo en la Patagonia contaron allí con el visto bueno de los jueces.

Dice la Cámara que esas operaciones "estarían vinculadas con el compromiso de Báez de retornar parte de los pagos que recibió como beneficiario de la obra pública nacional patagónica". Se reveló ayer que Báez recibió obras por $ 8000 millones durante la última década. Y cuando se publicaron los detalles de los alquileres, en 2013, Báez se autodenunció ante el juzgado de Río Gallegos. La conjueza subrogante dijo que no era competente y envió el caso al juez en lo Penal Tributario N° 1 de la Capital, que investigaba a los Kirchner por no pagar impuestos por esos alquileres recibidos.

Báez apeló a la Cámara de Comodoro para que el caso quedara en Río Gallegos. Ayer, los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez decidieron que el caso se investigue en Buenos Aires junto con el caso de Rafecas. Argumentaron que según las notas periodísticas lo que se investiga es "una organización criminal que reinvierte el producto de su delito antecedente que tendría directa vinculación con la corrupción de funcionarios de la administración pública nacional".

El delito que se investiga pudo haber ocurrido en diferentes lugares, y cuando eso ocurre se debe valorar qué caso está más avanzado. Es lo que los jueces llaman economía procesal. Al analizar el asunto concluyeron que Bonadio había secuestrado evidencias, mientras que en Río Gallegos "no se ha producido ninguna medida probatoria" desde 2013.

"Aun cuando parte del reciclado de los fondos de origen delictivo se pueda haber producido en Santa Cruz, las maniobras no habrían comenzado ni se ejecutaron allí", dijeron.

Pero no está todo dicho. Mientras Báez pedía que el caso quedara en el Sur, la defensa de Romina Mercado, sobrina de la Presidenta y presidenta de Hotesur, pedía lo mismo. Bonadio lo rechazó. El asunto está en estudio de la Sala I de la Cámara Federal. Si los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah dicen lo mismo que sus colegas de Comodoro Rivadavia, el caso quedará en el juzgado de Rafecas. Mercado puede apelar y decidirá la Sala I de Casación, integrada por conjueces afines al Gobierno. Si la Sala I de la Cámara Federal dice que el caso debe quedar en el Sur, entonces el conflicto de competencia lo resolverá la Cámara de Casación, con los tres conjueces colocados allí por impulso del Gobierno.

La integración de la Sala I de la Casación está cuestionada en la Justicia: uno de los conjueces -Claudio Vázquez- fue sacado del tribunal y la designación de los otros dos fue tachada de inconstitucional por la Asociación de Magistrados, que pidió a la Justicia que los separara. No se sabe qué ocurrirá primero: si un fallo que eventualmente remueva a estos tres conjueces o si antes ellos podrán pronunciarse sobre el destino del caso que desvela a los Kirchner.

 

Fuente: La Nación.-