La educación prohibida en San Juan
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La censura de manuales ambientales y la falta de aplicación de la Ley de Educación Sexual son denunciadas como casos de sometimiento al lobby estatal, corporativo y eclesiástico. El peligro de fomentar alumnos críticos y la brecha entre el país real y el inventado.
Por Graciela Marcet
Promover la capacidad crítica de los jóvenes. Estimular la conciencia social. Incentivar el respeto en el trato interpersonal. Fomentar una actitud de protección hacia el sistema social y ambiental... la lista sigue y sigue. Los objetivos que los gobiernos nacional y provincial plantean para la educación actual parecen insuperables. Leyes para implementar la Educación Sexual Integral en las escuelas, publicación de manuales para el cuidado ambiental y otros importantes y necesarios programas, largamente esperados en la educación pública argentina. ¿Qué puede ser mejor que esto? Creería que casi nada, si no fuera por la parte de la aplicación, algo que solo parecen esperar quienes aún aguardamos un poco de coherencia entre la palabra y la acción o un mínimo de respeto a la sociedad.
El problema surge al advertir que lo que es considerado mejor para la mayoría no coincide con lo que es más conveniente para quienes tienen el poder de hacer que estos proyectos sirvan para algo más que para el aplauso, o para producir cambios reales en lugar de entregar espejitos de colores que nos mantienen en la ilusión de un país inventado y no precisamente por Isabel Allende.
En el área de la educación, uno de los ejemplos más claros de la enorme brecha que existe entre la belleza de ese país imaginario y las penumbras del real, es el destino que tuvieron los 350.000 ejemplares del manual “Educación Ambiental – Ideas y propuestas para docentes”. Con versiones para nivel inicial, primario y secundario, los manuales fueron presentados con bombos y platillos en 2011 por el ministro de Educación, Alberto Sileoni, y el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, quienes destacaron que se trataba de la primera publicación de este tipo coordinada por el Ministerio de Educación.
“Tenemos que garantizar que en cada una de las aulas transcurra esta transmisión de saberes para mejorar la sociedad en la que vivimos” dijo Sileoni, sin pensar que esos saberes serían considerados tan peligrosos como para determinar el bloqueo del material hasta la actualidad.
¿Cómo decir que la minería es destructiva y contaminante mientras se gastan millones de pesos para hacer creer lo contrario? ¿Cómo poner en tela de juicio la “apertura legal” hacia las multinacionales que explotan los recursos naturales en un país justamente que la promueve? La respuesta es: simplemente no se puede. Desde que salieron de las imprentas, los libros con papel ilustración y a todo color nunca llegaron a los 104.000 establecimientos que preveía el proyecto y la inversión de 7.900.000 pesos quedó en la nada.
Según la investigación de cooperativas y medios nacionales, fue el boicot de lobbistas estatales y privados el que logró frenar la distribución de los libros. En una entrevista al periódico Mu, de la cooperativa Lavaca, el especialista en planificación ambiental Pablo Sessano, aseguró que “esos manuales constituían una política pública que se suspendió de hecho por presión de las corporaciones a través de los propios ministerios, que no quieren una mirada crítica frente a estos procesos. Son manuales de absoluta calidad, extraordinarios, es la primera vez en la historia del país que el Estado genera un material de educación ambiental de este nivel. Lo que llama la atención es cómo el Estado se subordina de inmediato a la presión de los intereses corporativos”.
Desde su doble rol de técnico del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del programa Escuelas de Innovación de Conectar Igualdad (Anses), Sessano cuestionó la eliminación de ese debate al considerar que genera una educación centrada “en un pensamiento único que plantea que el agronegocio o el modelo de minería a cielo abierto son sustentables o los únicos posibles. Y ese pensamiento único que oculta los problemas, más allá de lo que cada uno opine, no sirve para educar sino para adoctrinar”. “¿Quién puede creerle a un ministerio que va a controlar a la minería o las fumigaciones, cuando el propio Estado suspende sus políticas públicas en educación por presión corporativa?” se preguntó Sessano en esa nota, que presenta una aguda crítica sobre la “censura, autocensura o silencio por conveniencia mutua”, apoyada a nivel estatal por algunos gobernadores y por grandes grupos mediáticos como Clarín.
La llegada de los manuales de Educación Sexual a San Juan.
El debate es peligroso, la minería no
El manual del nivel secundario plantea diversos problemas ambientales de nuestro país y al abordar los impactos de las actividades extractivas del subsuelo, se refiere a la minería como una actividad “doblemente destructiva por su gran escala y por la tecnología que ha acrecentado su capacidad productiva” (pág. 88).
La publicación destaca las “diversas perturbaciones de gran impacto ambiental” que generó el arribo de nuevos proyectos al país y el “cuestionamiento a sustentabilidad de la actividad”. Asimismo, menciona impactos mineros como la “deforestación de los suelos con la consiguiente eliminación de la vegetación, desgaste de la superficie por erosión, alto consumo de agua que, generalmente, reduce la napa freática del lugar, llegando a secar pozos de agua y manantiales” y alude a la posible contaminación del agua y el aire, “que constituye una causa grave de enfermedad, causante de trastornos respiratorios de las personas y de asfixia de plantas y árboles”.
Preocupado por la difamación que se generaba sobre una “noble actividad”, el gobernador Gioja no se quedó con los llamados a la Casa Rosada para boicotear la distribución de los libros. Como era de esperar, el año pasado el gobierno provincial presentó su propio “Manual de Educación Ambiental” destinado a alumnos del secundario. El libro contiene 21 capítulos redactados “en forma plural” como describió el gobernador. Eso sí, una pluralidad que no admite los conceptos elaborados desde el mismo modelo al que él adscribe, pero que sí obedece a las corporaciones a las que no les gustan las palabras “destructivo”, “contaminante” y especialmente “debate”.
Progresismo de palabra
Otro de los casos que exponen la escasa aplicación del discurso progresista tiene que ver con la débil o nula implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que fue aprobado con la sanción de la ley 26.150 en el año 2006. Aunque en ese momento esa medida fue considerada un enorme avance, ocho años después San Juan sigue haciendo oídos sordos a los reclamos para su aplicación.
Según reveló una investigación de la Revista La Universidad, la Facultad de Filosofía de la UNSJ y los tres institutos preuniversitarios de esta casa de estudios comenzaron a avanzar con el programa. Sin embargo, “la aplicación de esa ley en el resto del sistema educativo de la provincia es dispar e incluso nula” debido a la fuerte resistencia de la Iglesia Católica y los sectores conservadores de mayor influencia en la provincia.
Aunque aquí ya no hablamos de contaminación y diferentes son los actores que ejercen su poder para impedir el avance del programa, la mecánica del boicot es la misma, si se considera que el fin no es otro que el de impedir la reflexión en adolescentes y niños de contenidos considerados “peligrosos”. Un planteo ridículo para una sociedad realmente progresista pero completamente entendible para un país en donde es más riesgoso promover mejores controles ambientales que contaminar el agua o explotar uranio en áreas protegidas. Y un pensamiento lógico para una provincia en la que parece más peligroso ser homosexual o tener sexo antes de casarse que contraer enfermedades o tener hijos no planeados por falta de educación.
Así, mientras la educación ambiental se limita al desarrollo sustentable que propone el Manual Provincial, los ministros hacen malabares para zafar de las acusaciones por daños en la Cordillera. Y al tiempo que aumenta la preocupación por los índices de embarazo no buscados y abortos clandestinos, el libro de la Iglesia Católica llega a las escuelas para enseñar a los jóvenes a practicar la abstinencia para “no quemar etapas”. Pero no importa. Mientras las corporaciones y el gobierno nos digan que las cosas se hacen con “responsabilidad”, todo seguirá igual. A menos que algún día nos cansemos de que el progresismo se quede en la puerta de la imprenta o nos demos cuenta que el peligro no está en el pensamiento de los jóvenes sino en subordinar los principios al interés político y económico del momento.
Por Graciela Marcet
Promover la capacidad crítica de los jóvenes. Estimular la conciencia social. Incentivar el respeto en el trato interpersonal. Fomentar una actitud de protección hacia el sistema social y ambiental... la lista sigue y sigue. Los objetivos que los gobiernos nacional y provincial plantean para la educación actual parecen insuperables. Leyes para implementar la Educación Sexual Integral en las escuelas, publicación de manuales para el cuidado ambiental y otros importantes y necesarios programas, largamente esperados en la educación pública argentina. ¿Qué puede ser mejor que esto? Creería que casi nada, si no fuera por la parte de la aplicación, algo que solo parecen esperar quienes aún aguardamos un poco de coherencia entre la palabra y la acción o un mínimo de respeto a la sociedad.
El problema surge al advertir que lo que es considerado mejor para la mayoría no coincide con lo que es más conveniente para quienes tienen el poder de hacer que estos proyectos sirvan para algo más que para el aplauso, o para producir cambios reales en lugar de entregar espejitos de colores que nos mantienen en la ilusión de un país inventado y no precisamente por Isabel Allende.
En el área de la educación, uno de los ejemplos más claros de la enorme brecha que existe entre la belleza de ese país imaginario y las penumbras del real, es el destino que tuvieron los 350.000 ejemplares del manual “Educación Ambiental – Ideas y propuestas para docentes”. Con versiones para nivel inicial, primario y secundario, los manuales fueron presentados con bombos y platillos en 2011 por el ministro de Educación, Alberto Sileoni, y el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, quienes destacaron que se trataba de la primera publicación de este tipo coordinada por el Ministerio de Educación.
“Tenemos que garantizar que en cada una de las aulas transcurra esta transmisión de saberes para mejorar la sociedad en la que vivimos” dijo Sileoni, sin pensar que esos saberes serían considerados tan peligrosos como para determinar el bloqueo del material hasta la actualidad.
¿Cómo decir que la minería es destructiva y contaminante mientras se gastan millones de pesos para hacer creer lo contrario? ¿Cómo poner en tela de juicio la “apertura legal” hacia las multinacionales que explotan los recursos naturales en un país justamente que la promueve? La respuesta es: simplemente no se puede. Desde que salieron de las imprentas, los libros con papel ilustración y a todo color nunca llegaron a los 104.000 establecimientos que preveía el proyecto y la inversión de 7.900.000 pesos quedó en la nada.
Según la investigación de cooperativas y medios nacionales, fue el boicot de lobbistas estatales y privados el que logró frenar la distribución de los libros. En una entrevista al periódico Mu, de la cooperativa Lavaca, el especialista en planificación ambiental Pablo Sessano, aseguró que “esos manuales constituían una política pública que se suspendió de hecho por presión de las corporaciones a través de los propios ministerios, que no quieren una mirada crítica frente a estos procesos. Son manuales de absoluta calidad, extraordinarios, es la primera vez en la historia del país que el Estado genera un material de educación ambiental de este nivel. Lo que llama la atención es cómo el Estado se subordina de inmediato a la presión de los intereses corporativos”.
Desde su doble rol de técnico del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del programa Escuelas de Innovación de Conectar Igualdad (Anses), Sessano cuestionó la eliminación de ese debate al considerar que genera una educación centrada “en un pensamiento único que plantea que el agronegocio o el modelo de minería a cielo abierto son sustentables o los únicos posibles. Y ese pensamiento único que oculta los problemas, más allá de lo que cada uno opine, no sirve para educar sino para adoctrinar”. “¿Quién puede creerle a un ministerio que va a controlar a la minería o las fumigaciones, cuando el propio Estado suspende sus políticas públicas en educación por presión corporativa?” se preguntó Sessano en esa nota, que presenta una aguda crítica sobre la “censura, autocensura o silencio por conveniencia mutua”, apoyada a nivel estatal por algunos gobernadores y por grandes grupos mediáticos como Clarín.
La llegada de los manuales de Educación Sexual a San Juan. El debate es peligroso, la minería no
El manual del nivel secundario plantea diversos problemas ambientales de nuestro país y al abordar los impactos de las actividades extractivas del subsuelo, se refiere a la minería como una actividad “doblemente destructiva por su gran escala y por la tecnología que ha acrecentado su capacidad productiva” (pág. 88).
La publicación destaca las “diversas perturbaciones de gran impacto ambiental” que generó el arribo de nuevos proyectos al país y el “cuestionamiento a sustentabilidad de la actividad”. Asimismo, menciona impactos mineros como la “deforestación de los suelos con la consiguiente eliminación de la vegetación, desgaste de la superficie por erosión, alto consumo de agua que, generalmente, reduce la napa freática del lugar, llegando a secar pozos de agua y manantiales” y alude a la posible contaminación del agua y el aire, “que constituye una causa grave de enfermedad, causante de trastornos respiratorios de las personas y de asfixia de plantas y árboles”.
Preocupado por la difamación que se generaba sobre una “noble actividad”, el gobernador Gioja no se quedó con los llamados a la Casa Rosada para boicotear la distribución de los libros. Como era de esperar, el año pasado el gobierno provincial presentó su propio “Manual de Educación Ambiental” destinado a alumnos del secundario. El libro contiene 21 capítulos redactados “en forma plural” como describió el gobernador. Eso sí, una pluralidad que no admite los conceptos elaborados desde el mismo modelo al que él adscribe, pero que sí obedece a las corporaciones a las que no les gustan las palabras “destructivo”, “contaminante” y especialmente “debate”.
Progresismo de palabra
Otro de los casos que exponen la escasa aplicación del discurso progresista tiene que ver con la débil o nula implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que fue aprobado con la sanción de la ley 26.150 en el año 2006. Aunque en ese momento esa medida fue considerada un enorme avance, ocho años después San Juan sigue haciendo oídos sordos a los reclamos para su aplicación.
Según reveló una investigación de la Revista La Universidad, la Facultad de Filosofía de la UNSJ y los tres institutos preuniversitarios de esta casa de estudios comenzaron a avanzar con el programa. Sin embargo, “la aplicación de esa ley en el resto del sistema educativo de la provincia es dispar e incluso nula” debido a la fuerte resistencia de la Iglesia Católica y los sectores conservadores de mayor influencia en la provincia.
Aunque aquí ya no hablamos de contaminación y diferentes son los actores que ejercen su poder para impedir el avance del programa, la mecánica del boicot es la misma, si se considera que el fin no es otro que el de impedir la reflexión en adolescentes y niños de contenidos considerados “peligrosos”. Un planteo ridículo para una sociedad realmente progresista pero completamente entendible para un país en donde es más riesgoso promover mejores controles ambientales que contaminar el agua o explotar uranio en áreas protegidas. Y un pensamiento lógico para una provincia en la que parece más peligroso ser homosexual o tener sexo antes de casarse que contraer enfermedades o tener hijos no planeados por falta de educación.
Así, mientras la educación ambiental se limita al desarrollo sustentable que propone el Manual Provincial, los ministros hacen malabares para zafar de las acusaciones por daños en la Cordillera. Y al tiempo que aumenta la preocupación por los índices de embarazo no buscados y abortos clandestinos, el libro de la Iglesia Católica llega a las escuelas para enseñar a los jóvenes a practicar la abstinencia para “no quemar etapas”. Pero no importa. Mientras las corporaciones y el gobierno nos digan que las cosas se hacen con “responsabilidad”, todo seguirá igual. A menos que algún día nos cansemos de que el progresismo se quede en la puerta de la imprenta o nos demos cuenta que el peligro no está en el pensamiento de los jóvenes sino en subordinar los principios al interés político y económico del momento.
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