Aseguran que el Gobierno nacional ha despedido más del 100 trabajadores en San Juan

La política de ajuste del presidente Javier Milei ha dejado una marca profunda en el ámbito laboral del sector público, con 113 empleados de organismos nacionales en San Juan perdiendo sus puestos desde marzo. Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para reducir el gasto público, lo que ha generado tanto apoyo como controversia en diferentes sectores de la sociedad.

El anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni la semana pasada dejó en claro que los despidos continuarán, confirmando que la administración no tiene intención de detener las medidas iniciadas. Según las autoridades, los despidos son necesarios para eliminar a los llamados "ñoquis", individuos que habrían sido contratados por el kirchnerismo sin cumplir con responsabilidades laborales reales.

En la provincia de San Juan, el efecto de esta política ha sido particularmente visible. Casi todas las 35 agencias del Estado nacional presentes en la región han sufrido recortes. Los gremios, entre ellos ATE, UPCN, APOPS, STVyARA, SECASFPI y UIT, han reportado despidos en numerosas instituciones. A continuación, se detallan los despidos en cada organismo:

Enacom: 13 empleados
Ministerio de Capital Humano: 5 empleados
Gerencia de Empleo: 7 empleados
Vialidad Nacional: 3 empleados
ANSES: 4 empleados
Parques Nacionales: 8 empleados
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF): 3 empleados
Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis): 4 empleados
INADI: 4 empleados
Centro de Acceso a la Justicia: 4 empleados
Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV): 4 empleados
Registro Nacional de Reincidencia: 1 empleado
Agencia Nacional de Seguridad Vial: 4 empleados
Enargas: 2 empleados
Supervivencia de Riesgos de Trabajo: 6 empleados
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT): 2 empleados
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): 2 empleados
Policía de la Seguridad Aeroportuaria (PSA): 2 empleados
Servicio Meteorológico Nacional: 1 empleado
Cultura: 4 empleados
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC): 2 empleados
CONICET: 12 empleados
Agricultura Familiar: 8 empleados
Correo Argentino: 5 empleados
Radio Nacional de Jáchal: 3 empleados
Los despidos han afectado tanto a empleados de planta permanente como a contratados, muchos de los cuales llevaban más de diez años trabajando bajo esta modalidad. En respuesta, numerosos empleados han presentado recursos de reconsideración ante sus organismos. Hasta la fecha, 48 casos han sido aceptados para revisión, lo que podría resultar en algunas reincorporaciones.

Aquellos que no han logrado una respuesta favorable en el ámbito administrativo están preparando demandas de amparo en la Justicia Federal, siguiendo ejemplos de otras provincias. Los primeros en tomar esta acción serán ex empleados de la Secretaría de Trabajo de la Nación, quienes argumentan que sus años de servicio les otorgan derechos comparables a los de los empleados permanentes, y que, en caso de ser despedidos, deberían recibir indemnizaciones.

El gobierno ha reiterado su postura firme. Manuel Adorni confirmó que los despidos continuarán a partir del 30 de junio, citando la necesidad de revisar exhaustivamente cada rincón del Estado. "Es esencial que se examine el funcionamiento de todas las áreas del gobierno para asegurar su eficiencia", declaró Adorni, indicando que los contratos prorrogados en febrero serán los próximos en ser evaluados.

Desde el inicio de estas medidas, aproximadamente 15,000 empleados han sido despedidos a nivel nacional, aunque esta cifra aún está lejos de los 70,000 despidos que el presidente Milei había proyectado. Entre los organismos más afectados se encuentran el Enacom, el INADI y el INCAA, que han sido eliminados completamente en este proceso de ajuste.

La sociedad argentina se encuentra dividida frente a estas decisiones. Mientras una parte significativa de la población apoya las medidas, viéndolas como un paso necesario para acabar con la corrupción y el exceso en el sector público, los sindicatos y los trabajadores afectados han levantado una fuerte oposición, argumentando que muchos de los despedidos cumplen con sus deberes y son esenciales para el funcionamiento de sus respectivas áreas.