Quién es la instructora acusada de dejar en terapia intensiva a una estudiante

La Secretaría de Estado de Seguridad se ha visto inmersa en una investigación de alto calibre tras la denuncia de un presunto incidente que tuvo lugar durante una sesión de la Diplomatura de Seguridad Penitenciaria en la prestigiosa Universidad Católica de Cuyo (UCC). La acusación proviene de Milagros Cortéz, una estudiante de la diplomatura, quien afirma haber sido sometida a un "baile" por parte de una agente penitenciaria mientras se llevaba a cabo una actividad de instrucción.

La presunta autora de este controvertido episodio ha sido identificada como C. Brizuela, miembro del cuerpo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Su implicación en este incidente ha desatado una serie de investigaciones por parte de las autoridades de Seguridad para esclarecer los hechos. Según informes provenientes de la Secretaría, Brizuela habría dirigido los ejercicios de instrucción en el Camping del Servicio el pasado 16 de mayo, sin contar con la debida autorización del SPP para desempeñarse como instructora en el ámbito universitario.

La pesquisa en curso se centra en determinar la presencia de Brizuela en el lugar y momento del incidente, así como en establecer si su participación se llevó a cabo en su tiempo libre, dado que no estaba oficialmente de servicio en ese momento. También se investiga si recibió una invitación formal por parte de los instructores de la UCC y si presentó la solicitud correspondiente al director del SPP para participar en la clase, requisitos que, de acuerdo a los registros disponibles, no habrían sido cumplidos.

En caso de que se corrobore la participación de Brizuela sin la debida autorización, se procederá a abrir un sumario administrativo que podría derivar en sanciones graves, incluida la posibilidad de ser destituida del cuerpo de seguridad. Además, se enfatiza que si algún instructor de la UCC también resultara implicado en los hechos, el SPP carecería de competencia para llevar a cabo investigaciones o imponer sanciones, dado que se trata de empleados privados de la universidad contratados para tal fin. Este caso continúa en desarrollo mientras las autoridades profundizan en sus investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar la integridad de los estudiantes y el buen funcionamiento de la institución.