Denuncian que ESTAFARON a padres y ALUMNOS de una escuela sanjuanina

Un escándalo de fraude ha sacudido a la comunidad educativa de la Escuela Elvira de la Riestra de Láinez. Los estudiantes, que esperaban con ilusión sus camperas de egresados, se vieron defraudados después de que el hombre a cargo de confeccionarlas no cumpliera con la entrega. Tras una investigación, se ha clausurado el local 'Lourdes Indumentaria', propiedad del estafador, quien además tiene antecedentes de fraudes similares en distintos departamentos de San Juan.

Los padres y alumnos pagaron las camperas en seis cuotas, finalizadas en noviembre del año pasado, con la expectativa de recibirlas en febrero de este año. Sin embargo, hasta la fecha, el hombre no ha cumplido con la entrega, dejando a los estudiantes sin sus prendas. Este hecho ha llevado a la intervención de la Defensoría del Pueblo para tratar de solucionar la situación y proteger los derechos de los afectados.

Fabiana Carrizo, directora de la Escuela Elvira de la Riestra, informó a Canal 13 que este individuo ya tiene tres denuncias previas por estafa y se espera que pronto se presente una cuarta. "Hemos tomado la decisión de llevarle una faja a su casa para clausurarla, ya que ahí es donde trabaja. No puede comercializar más. Vamos a pasar todos estos datos al Ministerio Público Fiscal, ya que le pedimos a la gente que lo denuncie porque no lo hizo únicamente con ellos. Lo hizo también en Jáchal, Zonda y en Rawson con otro grupo de personas. Es una persona que anda por todos lados haciendo lo mismo", explicó Carrizo.

El local 'Lourdes Indumentaria', ubicado en la vivienda del estafador en el barrio Marcó, en Rawson, ya fue cerrado por las autoridades para evitar que continúe engañando a más personas. La directora Carrizo ha hecho un llamado a otras posibles víctimas para que presenten sus denuncias y se sumen a la causa judicial en curso.

La comunidad afectada espera que las acciones legales avancen rápidamente y que el responsable sea debidamente sancionado. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo y las autoridades educativas trabajan en conjunto para asegurar que los estudiantes obtengan una solución justa y, de ser posible, una compensación por el dinero perdido.