La UNSJ se declaró en emergencia presupuestaria

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aprobó el pasado jueves 21 la declaración de emergencia presupuestaria. Esta medida implica otorgar facultades extraordinarias tanto al rector Tadeo Berenguer como a los decanos de las cinco unidades académicas, así como a representantes de las escuelas preuniversitarias, para reasignar las partidas del presupuesto 2023, el cual se encuentra prorrogado.

La situación económica que enfrenta la institución universitaria es desafiante, marcada por una inflación acumulada del 211,4% que ha erosionado significativamente el poder adquisitivo de los fondos asignados. Ricardo Coca, secretario Administrativo-Financiero de la universidad, subrayó la urgencia de esta medida, explicando que el aumento otorgado por el Gobierno nacional resulta insuficiente frente a la escalada de los costos operativos.

"Servicios que han experimentado un crecimiento del 700% respecto al año anterior nos enfrentan a una realidad económica compleja. Por ejemplo, en apenas dos meses, el costo de la energía eléctrica ha aumentado de manera exponencial, pasando de $20 millones en enero a $58 millones en marzo", destacó Coca.

Ante este panorama, las autoridades universitarias tendrán la discreción de redistribuir los recursos con el fin de asegurar el funcionamiento adecuado de las actividades académicas y garantizar la continuidad de servicios fundamentales como el Comedor Universitario y el pago de becas.

En un gesto sin precedentes, el Consejo Superior ha delineado dos prioridades claras: garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo de clases y exámenes, así como mantener la operatividad de servicios esenciales para la comunidad estudiantil.

Entre las medidas propuestas para enfrentar la crisis financiera, se destaca el enfoque en el ahorro energético como una estrategia clave. Coca informó sobre la implementación de un sistema de monitoreo de consumo eléctrico en el Rectorado, que permitirá identificar picos de consumo y establecer políticas de eficiencia energética.

Por otro lado, surge la pregunta sobre la posibilidad de reducir los sueldos de las autoridades universitarias como medida de austeridad. Según Coca, los salarios de estas figuras están financiados por partidas distintas al presupuesto de funcionamiento y son acordados en instancias previas a nivel nacional, lo que limita la capacidad de intervenir en su ajuste. No obstante, cada autoridad posee la facultad de efectuar donaciones voluntarias de su sueldo.