No cuentes qué hay detrás de aquella encuesta

Mientras hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, nuevos hechos de censura ponen en peligro el ejercicio del periodismo en la provincia y el país. Las cifras y los casos que hablan del poder irrestricto de la pauta, la autocensura, el temor al aislamiento y la manipulación de llamar “línea editorial” a las presiones.

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Por Graciela Marcet

A la tierra de nadie o a aquel país que describía Charly García en su “Canción de Alicia en el país” parecemos regresar, cuando el secretismo, las presiones y la censura vuelven a aparecer, después de tantos años en los que se creyó que la lección había sido aprendida. Los episodios que cada tanto amenazan la libertad de expresión en su sentido más pleno demuestran que a pesar de los grandes avances en materia social y legal, el aprendizaje no llega aún a ser total, en tiempos en que la coerción de las armas es reemplazada por la amenaza económica y el temor al aislamiento laboral y social.

Esta semana, San Juan volvió a ser testigo de un hecho de violación a la libertad de prensa, en una de las radios inauguradas para cumplir con los preceptos plurales, amplios y participativos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue en la FM municipal de Rivadavia “Punta de Rieles”, habilitada hace un año por los representantes nacionales y locales de la AFSCA, en donde los conductores del ciclo “Desde abajo” fueron obligados a levantar un programa destinado a analizar la reciente encuesta que favorece al gobernador Gioja. Según explicaron los periodistas en un comunicado, después del anticipo que hicieron en Facebook sobre el programa, una funcionaria del municipio se encargó de avisarles que el envío no saldría al aire a causa de la temática elegida y de los invitados, catalogados como “personas no gratas” para la emisora: Maximiliano Aguiar (quien haría el análisis de la encuesta), Conrado Suárez Jofré (análisis jurídico), Ernesto Simón (análisis periodístico) y Perro Alemán (análisis político).

“Una funcionaria me expresó que ese programa no iba a salir al aire porque no coincidía con la línea editorial del municipio y que debía borrar de mi muro la publicidad” manifestaron a Diario Móvil desde la producción del programa radial, quienes sin embargo se mostraron confiados en que al mismo no lo levanten definitivamente.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa se reproducen encendidos discursos sobre los avances logrados en los últimos años pero, paradójicamente, se opta por silenciar los casos que hablan sobre las fuertes restricciones que se sigue imponiendo a ese derecho.

Estas limitaciones moldean una prensa “parcialmente libre”, tal como lo expresó el informe de la organización estadounidense de derechos humanos “Freedom House”, que ubicó a la Argentina en el puesto 107 en un ranking de 199 países, compartiendo el rango de países con prensa “parcialmente libre” con Grecia, Bosnia Herzegovina y Nigeria.




¿Derecho al veto, línea editorial o censura?

“No se puede hablar de censura en democracia”, suelen decir quienes ven como una reacción exagerada, un acto de oportunismo político o un agravio a los derechos adquiridos en estos 32 años, a las denuncias de casos como el de Rivadavia. ¿Pero cómo podría llamarse entonces a las operaciones que desde distintos niveles del Estado se realizan para impedir la salida al aire de programas, bloquear la distribución de revistas con temas mineros y “sugerir el replanteo” de los contenidos en los diarios?

No estoy comparando el sistema actual con los peores años que vivió nuestro país en plena dictadura militar. Pero negar la posibilidad de nombrar las cosas por su nombre es ejercer censura sobre la misma censura. Un acto que equivale a impedir llamar “represión” a lo que hizo el gobierno de Macri con la protesta en el Hospital Borda o a pretender que no se llame “desaparición” al destino que tuvieron Julio López y Raúl Tellechea, solo porque esos hechos se produjeron en democracia.

Aunque la definición de censura previa refiere a las diferentes medidas limitativas que puede imponer el Estado para impedir la publicación de algún contenido, las operaciones que se llevan adelante en la actualidad son rebautizadas como “derecho al veto” o “consulta voluntaria”, que no son otra cosa que formas de disfrazar la censura. En pleno siglo XXI la prohibición se reinventa a través de medios más sutiles de presión, que apuntan a modificar lenta o rápidamente la línea editorial de un medio.

La falta de claridad que en la práctica se da entre las distintas figuras es la mayor señal del éxito del modelo de control hacia la libertad autoral. Este sistema obtiene su gran victoria cuando son los propios periodistas y empresarios de medios los que se adaptan al “funcionamiento real” del circuito mediático, abandonando todo intento de investigar a fondo los problemas sociales. “Hacerse el loco”, como suelen llamar al acto de hacer preguntas incómodas, no resulta gratis para quienes tratan de salir del esquema preestablecido y exponen su trabajo a distintas consecuencias, que pueden incluir la pérdida de fuentes informativas y amistades hasta la reducción o eliminación de la pauta oficial o la restricción de lugares para encontrar trabajo.

Cifras que hablan por sí solas

En 2014, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) efectuó un sondeo con la participación de casi 830 periodistas de todo el país, que respondieron sobre distintos aspectos de su profesión. Entre los diferentes datos obtenidos, el 61% de los periodistas definió al periodismo de hoy como condicionado y el 53% contestó que en el medio existe autocensura. Los periodistas de Cuyo, con el 62%, fueron quienes mayor autocensura registraron en los medios en los que trabajan. Según el estudio, el principal mecanismo de autocensura se da a través de la utilización de enfoques sobre el tema que ocultan el interés público principal (39%), en segundo lugar, el silenciamiento completo del tema (34%) y en tercer lugar, la velocidad de la agenda que permite taparlo en forma completa (20%).

Además, el 75% de los periodistas dijo conocer en el último año casos de periodistas que modificaron su posición editorial a cambio de pauta publicitaria o favores políticos.




La libertad protegida

En nuestro país la censura previa está prohibida a nivel constitucional y esta postura es reafirmada por la adhesión a los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, que aclara que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones (…)”

Javier Augusto De Luca advierte en su publicación “Delitos contra la Libertad” que aunque en otros países la censura previa es admitida en algunas circunstancias, como casos de seguridad nacional, en la Argentina este acto es inconstitucional ya que “el artículo 14 de la Constitución y el 13 del Pacto de San José de Costa Rica prescriben que ninguna autoridad, ni el Poder Judicial siquiera, puede evitar una publicación, por más grave que ésta fuese, teniendo en cuenta que el sistema se rige por la responsabilidad ulterior del autor de la publicación”.

La misma Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aclara que “la libertad de prensa no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios...”.

Más allá de las garantías que brinda este marco normativo, el país sigue teniendo una importante deuda en la legislación de los aspectos vinculados al ejercicio de estos derechos. La regulación de la distribución de la pauta publicitaria es uno de los grandes ejemplos del largo camino que queda por recorrer para empezar a hablar de una libertad de prensa real.

El derecho a ser molestos

Más allá del debate que pueda generarse por cuestiones terminológicas, la realidad indica que en la actualidad persisten los bloqueos, obstáculos y presiones directas e indirectas destinados a interferir con el libre flujo de la información. Estas operaciones, que obstruyen la comunicación de temas que pueden modificar la vida social, buscan desactivar la esencia “molesta” del periodismo, que intenta ir más allá de lo que dicta la agenda oficial.

Quedarse en la discusión sobre quién hizo el llamado en tal o cual ocasión o quién tomó la decisión final de levantar un programa significa desconocer, ingenua o voluntariamente, el entramado en el que en la práctica se mueven los actores de la política y la comunicación. Un desconocimiento muy conveniente para quienes prefieren obedecer los tirones de oreja cuando se pone una palabra demás y una postura muy cómoda para los que esperan una gratificación hacia el tratamiento benevolente de los temas comprometedores.

Insistir con correr el velo de los asuntos “intocables” no siempre responde a “armar quilombo” o “joder para buscar pauta”, como se sostiene desde algunos círculos y como muchas veces, reconozcámoslo también, sí ha sucedido y sucede en nuestra provincia y nuestro país.

Hablar sobre lo que el poder no quiere que hablemos no solo es un derecho constitucional sino también el trabajo que debemos realizar para impedir cualquier retroceso hacia los tiempos de censura y violación de los derechos humanos, uno de los objetivos declarados de esta gestión.

A pesar de los avances y redefiniciones, la naturaleza del periodismo no radica en “militar” cada acción o discurso que provenga de un gobierno ni en “alimentar la cadena del odio”, como dicen los críticos del “Todo Negativo”. El objetivo es, o debería ser, garantizar la libertad de trabajo y de pensamiento, pero una libertad que no muera en la letra de las leyes sino que viva en la posibilidad real de hablar sobre lo que verdaderamente interesa.

Cuando este derecho es violado, no importa tanto si públicamente son difundidos uno, dos o tres casos. No solo porque sabemos que el hecho probado es la punta del iceberg sino también por el daño que genera hasta el más mínimo hecho de censura.

Bien lo sabía la gran Mercedes Sosa cuando gritaba su rechazo a la censura, al considerar que cualquier acto de esta índole “detiene el desarrollo cultural de un pueblo”.