Según su defensa, fue “ilegal y autoritario” que le hayan sacado los haberes mensuales que percibía por haber sido presidenta y como viuda del exmandatario Néstor Kirchner.
¿Error de tip? Carlés se olvidó un detallito en su CV
Nacionales
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Según su propio currículum, Roberto Carlés fue "asesor jurídico" antes de recibirse de abogado. Esa es una de las muchas incongruencias y afirmaciones engañosas sobre su actuación profesional, detectadas por Usina de Justicia tras analizar el currículum publicado por el Ministerio y cotejarlo con los datos de Anses y AFIP.
Un equipo de abogados de Usina de Justicia, foro creado el año pasado con el fin de enfrentar la deslegitimación de la acción penal y respaldar a las víctimas de las violencias en democracia, elaboró un informe basado en datos públicos sobre el desempeño y los antecedentes profesionales del candidato propuesto por el gobierno para remplazar a Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia.
Lo primero que llama la atención del CV publicado por el Ministerio de Justicia es que Roberto Manuel Carlés dice haber sido "asesor jurídico" de la Procuración Penitenciaria de la Nación de noviembre de 2003 a enero de 2004, es decir, cuando aún no era abogado, dado que realizó sus estudios de abogacía en el período 2000-2005 y se matriculó el 3 de marzo de 2006.
"¿Es legal de parte de un organismo público –la Procuración Penitenciaria de la Nación- contratar a un asesor legal sin el mencionado título habilitante?", se preguntan los autores del Informe.
Carlés también dijo haber sido asesor jurídico del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el área de Asuntos Jurídicos (en 2004) y, cuando ese cuerpo lo negó, tuvo que admitir que en realidad era una "pasantía", algo muy distante de una asesoría jurídica pero de hecho más coherente con su condición de estudiante.
"Ahí (en el Colegio de Abogados) nos llamaban a todos 'asesores' Es verdad que la forma de contratación era una pasantía, pero quizá para no poner en evidencia la precariedad de la forma de la contratación no nos llamaban "pasantes" sino "asesores", quizá para levantarnos la autoestima", explicó Carlés, ante una consulta periodística. De ahí a ponerlo en el currículum... "En ningún momento falté a la verdad, pero no podía omitir un dato", se defendió el candidato.
La Procuración Penitenciaria es un organismo oficial, vale aclarar, creado en 1993, que actualmente depende del Poder Legislativo y cuya función es "defender los derechos de las personas privadas de su libertad". Carlés dice haber sido allí también "asesor jurídico". ¿Otra mentirilla para levantar su "autoestima" de pasante? ¿O se violó la norma administrativa?
"¿Qué tipo de asesoramiento puede haber brindado al Colegio Público de Abogados y a la Procuración Penitenciaria de la Nación, sin tener título habilitante?", pregunta el informe de Usina de Justicia.
Los abogados de ese foro señalan además que el CV menciona los siguientes antecedentes, "como si fueran independientes uno del otro": "Coordinador del trabajo realizado por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación; Dec. PEN 678/12, Presidencia de la Nación (Mayo de 2012 - actualmente)" y "Asesor del Dr. E. Raúl Zaffaroni, Presidente de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación; Dec. PEN 678/12, Presidencia de la Nación (Mayo de 2012 - actualmente)."
"Como se puede observar –dicen-, se trata de una misma y única tarea, realizada con el ex juez Zaffaroni, que en el currículum es mencionada dos veces como si fueran antecedentes diferentes".
Pero hay algo más: la designación de Carlés en ese cargo no tiene carácter oficial. En el decreto por el cual el Poder Ejecutivo crea la Comisión para la reforma del Código Penal (Nº 678/12), se determina que, "para el cumplimiento de su cometido, la Comisión contará con el apoyo técnico y administrativo de la Dirección General de Asistencia Técnica Legislativa dependiente de la Subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".
"De esta normativa surge que el decreto presidencial 678/12 no previó la figura del 'Asesor' y/o 'Coordinador', las dos categorías que se adjudica el Dr Carlés en su CV", dice Usina de Justicia en su informe. "En todo caso, este último rol debió ser cumplido por la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", señala. Y agrega además que "no existe resolución alguna en el Boletín Oficial por la cual se le asigne esta función al Dr. Carlés".
Las ambigüedades aumentan en el caso de su nombramiento en el Senado, donde también afirma Carlés ser "Asesor". Como prueba, consigna el código "1603/OC-AR", que de acuerdo a lo investigado por Usina, "se refiere al Programa de Fortalecimiento del Senado de la Nación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)". "Este programa –dice el informe- tuvo por finalidad apoyar el fortalecimiento institucional del Senado de la Nación, con el fin de mejorar su capacidad de gestión parlamentaria y administrativa en el marco de una mayor transparencia". Para este fin el senado recibió del BID un préstamo de 8 millones de dólares para un programa que se inició en diciembre de 2004 y concluyó el 2 de agosto de 2014.
Pero aunque el proyecto esté concluido, Carlés dice que su desempeño en este cargo es "actual".
Posgrados que no son tales
El capítulo "Estudios" también trae su cuota de ambigüedades. Quizás no habría que sorprenderse, considerando la reciente admisión por parte de un funcionario de Cancillería de que este Gobierno no elige a los mejores sino a los más militantes.
Del análisis de esta sección del CV realizado por el equipo de Usina, se desprende lo siguiente: "El Dr Carlés no cursó doctorado alguno de la Universidad Nacional de Buenos Aires, pese a haberse graduado de abogado en ese claustro. Recurrió en cambio a presentar sus dos tesis doctorales en Universidades de escaso prestigio y reconocimiento académicos. Ambas tesis fueron apadrinadas por el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni y fueron presentadas con apenas 3 meses de diferencia. Una en la Universidad de Ferrara, Italia, establecimiento que figura en el puesto 820 del ranking mundial; la otra en la Universidad San Carlos de Guatemala (puesto 2256 del ranking mundial). A modo ilustrativo, la UBA ocupa el lugar 307 del mismo ranking".
El informe agrega que, aunque Carlés consigna haber hecho "entre 2006/2007 un total de ocho posgrados", en realidad "no son posgrados sino simples cursos de 20, 30 y hasta un máximo de 42 horas de carga horaria total".
Irregularidades previsionales
"El primer registro de Roberto Manuel Carlés en la AFIP aparece más de seis años después de recibido de abogado. Esta información se puede consultar en la página de AFIP, consignando el CUIT de Carlés N° 20-28893994-3)", sigue diciendo Usina.
"¿De qué forma pudo percibir algún tipo de emolumento por los 'antecedentes profesionales' que menciona en su CV si no contaba con inscripción ante la AFIP ni posibilidad de facturar honorarios en la época en que dice haber desempeñado aquellas tareas?", es la pregunta del informe.
El interrogante no es menor, dado que el propio candidato afirmó haber cobrado por esos trabajos: "Me contrató el Colegio de Abogados? Sí. ¿Fue una pasantía? Sí. ¿Cobré? Sí, por las semanas que trabajé...", dijo en un reportaje radial.
Pero, según Usina, el único antecedente laboral verificable del abogado Carlés es el que consigna como: "Asesor del Honorable Senado de la Nación (1603/OC-AR), (enero 2012-actualmente)".
"Entonces, los datos de AFIP, ANSES y Senado de la Nación no concuerdan: Carlés aparece registrado ante la ANSES -no ya como asesor sino como empleado del Senado de la Nación- a partir de enero de 2014 y hasta enero de 2015, esto es, durante un (1) año. De forma que su vínculo laboral con el Honorable Senado data, según su CV, de 2012, pero según constancias legales, de 2014. El dato es verificable porque el Honorable Senado le hizo los aportes correspondientes al Sistema de la Seguridad Social durante ese período, pero el mes de enero de 2015 quedó impago", es la observación del informe.
Que además consigna que "la ausencia de declaraciones juradas" de Carlés impide conocer "su situación patrimonial".
Y concluye: "El Dr. Carlés no cuenta con ningún antecedente en el Poder Judicial, ni en el Ministerio Público, ni en el ejercicio privado de la profesión. Su desempeño se limita a la función pública en diversos organismos, en los que su antigüedad profesional no excede, en ningún caso, los tres años y medio. De lo expuesto surgen, por lo menos, gruesas inconsistencias respecto de la veracidad de los datos consignados (y) una evidente carencia de antecedentes profesionales imprescindibles para aspirar (a) formar parte del máximo tribunal de justicia del país".
El Senado de la Nación debatirá la postulación de Carlés el próximo 31 de marzo.
Su sola candidatura es un síntoma del estado institucional del país. ¿El Gobierno eligió a Carlés porque en su figura se concentran las mejores calidades y experiencia jurídicas del país? Cuesta creerlo. Quién sobreviva a la tediosa tarea de leer su CV, comprenderá de inmediato que se trata de un "dibujo", de páginas y páginas infladas con actividades escasamente relevantes para la función que quiere ocupar. Y que las impugnaciones que ha recibido no se basan en su juventud (33 años) sino en su falta de antecedentes para el cargo.
El rubro "Eventos académicos" en los que participó "en carácter de ponente, conferencista y expositor invitado" tiene unos 60 ítems que lo configuran como un disertante casi full time, a saber: "Debatimos el Código Penal", en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), con Carlos Raimundi y otros; o bien Mesa Redonda "Violencia es Mentir. Debatamos el Código Penal", esta vez en Tigre (así, sin mayor precisión) con Eduardo Rinesi y Paula Litvachky; o también Jornadas "Nuevas miradas de la seguridad ciudadana desde un abordaje interdisciplinario", organizadas por la Mesa Provincial contra la Violencia Institucional, en un centro cultural de San Miguel de Tucumán. Etcétera, etcétera.
Los "Eventos académicos" de los que Carlés participó "en carácter de asistente" abruman. Son 248 en total. Por ejemplo, una "Jornada Nacional de Legislación Minera", una conferencia en "Homenaje a 15 años del Juicio a las Juntas de Comandantes", una "Charla Debate sobre la modificación del Régimen del Dos por Uno", el "VIII Congreso Nacional y VII Latinoamericano de Derecho Privado", o un "Simulacro de Sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".
Si sumamos a lo anterior, los libros (tres, de los cuales dos en coautoría con Zaffaroni), capítulos de libros, resúmenes (abstracts) de sus ponencias, artículos periodísticos y textos "en preparación", además de becas, premios y sociedades que integra, estos aspectos "académicos" ocupan grosso modo cuatro quintas parte del CV.
Dentro de toda esta producción intelectual, se encuentran sólo 3 dictámenes escritos por Carlés, pero por cuenta de otros profesionales; es decir, como ghost writer.
Fuente: Infobae.
Un equipo de abogados de Usina de Justicia, foro creado el año pasado con el fin de enfrentar la deslegitimación de la acción penal y respaldar a las víctimas de las violencias en democracia, elaboró un informe basado en datos públicos sobre el desempeño y los antecedentes profesionales del candidato propuesto por el gobierno para remplazar a Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia.
Lo primero que llama la atención del CV publicado por el Ministerio de Justicia es que Roberto Manuel Carlés dice haber sido "asesor jurídico" de la Procuración Penitenciaria de la Nación de noviembre de 2003 a enero de 2004, es decir, cuando aún no era abogado, dado que realizó sus estudios de abogacía en el período 2000-2005 y se matriculó el 3 de marzo de 2006.
"¿Es legal de parte de un organismo público –la Procuración Penitenciaria de la Nación- contratar a un asesor legal sin el mencionado título habilitante?", se preguntan los autores del Informe.
Carlés también dijo haber sido asesor jurídico del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el área de Asuntos Jurídicos (en 2004) y, cuando ese cuerpo lo negó, tuvo que admitir que en realidad era una "pasantía", algo muy distante de una asesoría jurídica pero de hecho más coherente con su condición de estudiante.
"Ahí (en el Colegio de Abogados) nos llamaban a todos 'asesores' Es verdad que la forma de contratación era una pasantía, pero quizá para no poner en evidencia la precariedad de la forma de la contratación no nos llamaban "pasantes" sino "asesores", quizá para levantarnos la autoestima", explicó Carlés, ante una consulta periodística. De ahí a ponerlo en el currículum... "En ningún momento falté a la verdad, pero no podía omitir un dato", se defendió el candidato.
La Procuración Penitenciaria es un organismo oficial, vale aclarar, creado en 1993, que actualmente depende del Poder Legislativo y cuya función es "defender los derechos de las personas privadas de su libertad". Carlés dice haber sido allí también "asesor jurídico". ¿Otra mentirilla para levantar su "autoestima" de pasante? ¿O se violó la norma administrativa?
"¿Qué tipo de asesoramiento puede haber brindado al Colegio Público de Abogados y a la Procuración Penitenciaria de la Nación, sin tener título habilitante?", pregunta el informe de Usina de Justicia.
Los abogados de ese foro señalan además que el CV menciona los siguientes antecedentes, "como si fueran independientes uno del otro": "Coordinador del trabajo realizado por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación; Dec. PEN 678/12, Presidencia de la Nación (Mayo de 2012 - actualmente)" y "Asesor del Dr. E. Raúl Zaffaroni, Presidente de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación; Dec. PEN 678/12, Presidencia de la Nación (Mayo de 2012 - actualmente)."
"Como se puede observar –dicen-, se trata de una misma y única tarea, realizada con el ex juez Zaffaroni, que en el currículum es mencionada dos veces como si fueran antecedentes diferentes".
Pero hay algo más: la designación de Carlés en ese cargo no tiene carácter oficial. En el decreto por el cual el Poder Ejecutivo crea la Comisión para la reforma del Código Penal (Nº 678/12), se determina que, "para el cumplimiento de su cometido, la Comisión contará con el apoyo técnico y administrativo de la Dirección General de Asistencia Técnica Legislativa dependiente de la Subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".
"De esta normativa surge que el decreto presidencial 678/12 no previó la figura del 'Asesor' y/o 'Coordinador', las dos categorías que se adjudica el Dr Carlés en su CV", dice Usina de Justicia en su informe. "En todo caso, este último rol debió ser cumplido por la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", señala. Y agrega además que "no existe resolución alguna en el Boletín Oficial por la cual se le asigne esta función al Dr. Carlés".
Las ambigüedades aumentan en el caso de su nombramiento en el Senado, donde también afirma Carlés ser "Asesor". Como prueba, consigna el código "1603/OC-AR", que de acuerdo a lo investigado por Usina, "se refiere al Programa de Fortalecimiento del Senado de la Nación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)". "Este programa –dice el informe- tuvo por finalidad apoyar el fortalecimiento institucional del Senado de la Nación, con el fin de mejorar su capacidad de gestión parlamentaria y administrativa en el marco de una mayor transparencia". Para este fin el senado recibió del BID un préstamo de 8 millones de dólares para un programa que se inició en diciembre de 2004 y concluyó el 2 de agosto de 2014.
Pero aunque el proyecto esté concluido, Carlés dice que su desempeño en este cargo es "actual".
Posgrados que no son tales
El capítulo "Estudios" también trae su cuota de ambigüedades. Quizás no habría que sorprenderse, considerando la reciente admisión por parte de un funcionario de Cancillería de que este Gobierno no elige a los mejores sino a los más militantes.
Del análisis de esta sección del CV realizado por el equipo de Usina, se desprende lo siguiente: "El Dr Carlés no cursó doctorado alguno de la Universidad Nacional de Buenos Aires, pese a haberse graduado de abogado en ese claustro. Recurrió en cambio a presentar sus dos tesis doctorales en Universidades de escaso prestigio y reconocimiento académicos. Ambas tesis fueron apadrinadas por el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni y fueron presentadas con apenas 3 meses de diferencia. Una en la Universidad de Ferrara, Italia, establecimiento que figura en el puesto 820 del ranking mundial; la otra en la Universidad San Carlos de Guatemala (puesto 2256 del ranking mundial). A modo ilustrativo, la UBA ocupa el lugar 307 del mismo ranking".
El informe agrega que, aunque Carlés consigna haber hecho "entre 2006/2007 un total de ocho posgrados", en realidad "no son posgrados sino simples cursos de 20, 30 y hasta un máximo de 42 horas de carga horaria total".
Irregularidades previsionales
"El primer registro de Roberto Manuel Carlés en la AFIP aparece más de seis años después de recibido de abogado. Esta información se puede consultar en la página de AFIP, consignando el CUIT de Carlés N° 20-28893994-3)", sigue diciendo Usina.
"¿De qué forma pudo percibir algún tipo de emolumento por los 'antecedentes profesionales' que menciona en su CV si no contaba con inscripción ante la AFIP ni posibilidad de facturar honorarios en la época en que dice haber desempeñado aquellas tareas?", es la pregunta del informe.
El interrogante no es menor, dado que el propio candidato afirmó haber cobrado por esos trabajos: "Me contrató el Colegio de Abogados? Sí. ¿Fue una pasantía? Sí. ¿Cobré? Sí, por las semanas que trabajé...", dijo en un reportaje radial.
Pero, según Usina, el único antecedente laboral verificable del abogado Carlés es el que consigna como: "Asesor del Honorable Senado de la Nación (1603/OC-AR), (enero 2012-actualmente)".
"Entonces, los datos de AFIP, ANSES y Senado de la Nación no concuerdan: Carlés aparece registrado ante la ANSES -no ya como asesor sino como empleado del Senado de la Nación- a partir de enero de 2014 y hasta enero de 2015, esto es, durante un (1) año. De forma que su vínculo laboral con el Honorable Senado data, según su CV, de 2012, pero según constancias legales, de 2014. El dato es verificable porque el Honorable Senado le hizo los aportes correspondientes al Sistema de la Seguridad Social durante ese período, pero el mes de enero de 2015 quedó impago", es la observación del informe.
Que además consigna que "la ausencia de declaraciones juradas" de Carlés impide conocer "su situación patrimonial".
Y concluye: "El Dr. Carlés no cuenta con ningún antecedente en el Poder Judicial, ni en el Ministerio Público, ni en el ejercicio privado de la profesión. Su desempeño se limita a la función pública en diversos organismos, en los que su antigüedad profesional no excede, en ningún caso, los tres años y medio. De lo expuesto surgen, por lo menos, gruesas inconsistencias respecto de la veracidad de los datos consignados (y) una evidente carencia de antecedentes profesionales imprescindibles para aspirar (a) formar parte del máximo tribunal de justicia del país".
El Senado de la Nación debatirá la postulación de Carlés el próximo 31 de marzo.
Su sola candidatura es un síntoma del estado institucional del país. ¿El Gobierno eligió a Carlés porque en su figura se concentran las mejores calidades y experiencia jurídicas del país? Cuesta creerlo. Quién sobreviva a la tediosa tarea de leer su CV, comprenderá de inmediato que se trata de un "dibujo", de páginas y páginas infladas con actividades escasamente relevantes para la función que quiere ocupar. Y que las impugnaciones que ha recibido no se basan en su juventud (33 años) sino en su falta de antecedentes para el cargo.
El rubro "Eventos académicos" en los que participó "en carácter de ponente, conferencista y expositor invitado" tiene unos 60 ítems que lo configuran como un disertante casi full time, a saber: "Debatimos el Código Penal", en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), con Carlos Raimundi y otros; o bien Mesa Redonda "Violencia es Mentir. Debatamos el Código Penal", esta vez en Tigre (así, sin mayor precisión) con Eduardo Rinesi y Paula Litvachky; o también Jornadas "Nuevas miradas de la seguridad ciudadana desde un abordaje interdisciplinario", organizadas por la Mesa Provincial contra la Violencia Institucional, en un centro cultural de San Miguel de Tucumán. Etcétera, etcétera.
Los "Eventos académicos" de los que Carlés participó "en carácter de asistente" abruman. Son 248 en total. Por ejemplo, una "Jornada Nacional de Legislación Minera", una conferencia en "Homenaje a 15 años del Juicio a las Juntas de Comandantes", una "Charla Debate sobre la modificación del Régimen del Dos por Uno", el "VIII Congreso Nacional y VII Latinoamericano de Derecho Privado", o un "Simulacro de Sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".
Si sumamos a lo anterior, los libros (tres, de los cuales dos en coautoría con Zaffaroni), capítulos de libros, resúmenes (abstracts) de sus ponencias, artículos periodísticos y textos "en preparación", además de becas, premios y sociedades que integra, estos aspectos "académicos" ocupan grosso modo cuatro quintas parte del CV.
Dentro de toda esta producción intelectual, se encuentran sólo 3 dictámenes escritos por Carlés, pero por cuenta de otros profesionales; es decir, como ghost writer.
Fuente: Infobae.
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