Un ciclista murió atropellado por una camioneta en Córdoba. El conductor era un menor de 16 años que, sospechan, estaba aprendiendo a manejar.
Denuncian que policías MATARON a QUEMARROPAS a un preso en medio del motín
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Las imágenes fueron presentadas como prueba en la causa por el homicidio de Federico Rey (23). La autopsia confirmó que el interno tenía tres heridas de bala.
Un video que grabó un preso con su celular permitiría establecer quienes son los responsables del asesinato de Federico Rey Ramírez (23), baleado el pasado miércoles durante un motín en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela.
Las impactantes imágenes fueron dadas a conocer en las últimas horas y forman parte del expediente que investiga los incidentes ocurridos en la mencionada cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en la que además del joven fallecido, otros 40 presos resultaron heridos, al igual que alrededor de 15 agentes penitenciarios, aunque todos ellos con lesiones leves.
El cuerpo de Rey Ramírez quedó tirado por varias horas en uno de los techos del penal, mientras que el SPB informaba que el recluso fue asesinado a puñaladas en una pelea entre dos grupos de presos, lo que finalmente fue descartado por la Justicia a partir de los resultados de la autopsia.
La misma determinó que el fallecido presentaba "ocho impactos compatibles a postas de goma y al menos uno de plomo y que no presentaba heridas punzantes".
Desde la ventana de una de las celdas, un preso logró filmar "en forma clara y precisa el momento y el modo en que fue asesinado Federico Rey por agentes del SPB mediante tres disparos de arma de fuego que le produjeron la muerte", dijo el abogado querellante Juan Manuel Casolati, que lo presentó ante la fiscal Roxana Giménez, a cargo de la UFI N° 9 de Quilmes, que investiga el caso.
"Lo más terrible y aterrador es que ante la mirada perpleja de detenidos y de otros funcionarios y agentes del SPB, uno de los asesinos se le acercó a Fernando Rey a escasos centímetros y directamente lo fusiló en el suelo para luego retirarse del lugar", afirmó Casolati a Clarín.
Tras determinarse que el recluso fue baleado, las autoridades iniciaron un sumario administrativo que involucra a alrededor de 100 efectivos del SPB y en ese sentido, enviaron a peritar las armas de todos los penitenciarios. Además aguardan el análisis de numerosas filmaciones realizadas por los propios presos durante la revuelta y las registradas por las cámaras de seguridad del penal.
A esto se sumó el inmediato desplazamiento del director de la cárcel, los tres subdirectores y el Jefe de la Sección Vigilancia y Tratamiento de la Unidad Penitenciaria 23 de Varela.
Casolati expresó su "confianza" en el trabajo de la fiscal y remarcó que no sólo "son responsables los agentes que dispararon" sino "también todos aquellos funcionarios que por acción u omisión en sus tareas, o tratando de encubrir el homicidio han participado en este hecho de extrema gravedad".
En ese sentido, exigió al SPB y al Ministerio de Justicia "que pongan a disposición del Ministerio Público toda la información y pruebas que tengan en su poder". Y agregó que "de no hacerlo así le cabrían responsabilidades penales por este gravísimo homicidio perpetrado por el Estado".
La revuelta
El motín había iniciado en la madrugada del miércoles 22 de abril en esa unidad penal que aloja a 1.500 presos de máxima seguridad, cuando un grupo de internos de los pabellones 2, 6 y 7 comenzó una protesta y huelga de hambre en reclamo de prisiones domiciliarias y de mayores medidas de prevención ante la pandemia de coronavirus, tras registrarse allí el primer caso de un preso con COVID-19 en el país.
Con el correr de las horas la protesta se convirtió en una revuelta que involucró a numerosos presos que treparon a los techos de la unidad.
Fuentes judiciales dijeron que Rey Ramírez tenía 23 años y estaba detenido desde el 2017 en el marco de una causa por robo agravado y lesiones graves, a disposición del Juzgado de Ejecución 2 de Lomas de Zamora.
La revuelta en el penal se extendió hasta el anochecer, cuando acordaron levantar la protesta en una mesa de diálogo de la que participaron dos reclusos referentes de cada pabellón del penal e integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), autoridades penitenciarias y judiciales.
Un video que grabó un preso con su celular permitiría establecer quienes son los responsables del asesinato de Federico Rey Ramírez (23), baleado el pasado miércoles durante un motín en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela.
Las impactantes imágenes fueron dadas a conocer en las últimas horas y forman parte del expediente que investiga los incidentes ocurridos en la mencionada cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en la que además del joven fallecido, otros 40 presos resultaron heridos, al igual que alrededor de 15 agentes penitenciarios, aunque todos ellos con lesiones leves.
El cuerpo de Rey Ramírez quedó tirado por varias horas en uno de los techos del penal, mientras que el SPB informaba que el recluso fue asesinado a puñaladas en una pelea entre dos grupos de presos, lo que finalmente fue descartado por la Justicia a partir de los resultados de la autopsia.
La misma determinó que el fallecido presentaba "ocho impactos compatibles a postas de goma y al menos uno de plomo y que no presentaba heridas punzantes".
Desde la ventana de una de las celdas, un preso logró filmar "en forma clara y precisa el momento y el modo en que fue asesinado Federico Rey por agentes del SPB mediante tres disparos de arma de fuego que le produjeron la muerte", dijo el abogado querellante Juan Manuel Casolati, que lo presentó ante la fiscal Roxana Giménez, a cargo de la UFI N° 9 de Quilmes, que investiga el caso.
"Lo más terrible y aterrador es que ante la mirada perpleja de detenidos y de otros funcionarios y agentes del SPB, uno de los asesinos se le acercó a Fernando Rey a escasos centímetros y directamente lo fusiló en el suelo para luego retirarse del lugar", afirmó Casolati a Clarín.
Tras determinarse que el recluso fue baleado, las autoridades iniciaron un sumario administrativo que involucra a alrededor de 100 efectivos del SPB y en ese sentido, enviaron a peritar las armas de todos los penitenciarios. Además aguardan el análisis de numerosas filmaciones realizadas por los propios presos durante la revuelta y las registradas por las cámaras de seguridad del penal.
A esto se sumó el inmediato desplazamiento del director de la cárcel, los tres subdirectores y el Jefe de la Sección Vigilancia y Tratamiento de la Unidad Penitenciaria 23 de Varela.
Casolati expresó su "confianza" en el trabajo de la fiscal y remarcó que no sólo "son responsables los agentes que dispararon" sino "también todos aquellos funcionarios que por acción u omisión en sus tareas, o tratando de encubrir el homicidio han participado en este hecho de extrema gravedad".
En ese sentido, exigió al SPB y al Ministerio de Justicia "que pongan a disposición del Ministerio Público toda la información y pruebas que tengan en su poder". Y agregó que "de no hacerlo así le cabrían responsabilidades penales por este gravísimo homicidio perpetrado por el Estado".
La revuelta
El motín había iniciado en la madrugada del miércoles 22 de abril en esa unidad penal que aloja a 1.500 presos de máxima seguridad, cuando un grupo de internos de los pabellones 2, 6 y 7 comenzó una protesta y huelga de hambre en reclamo de prisiones domiciliarias y de mayores medidas de prevención ante la pandemia de coronavirus, tras registrarse allí el primer caso de un preso con COVID-19 en el país.
Con el correr de las horas la protesta se convirtió en una revuelta que involucró a numerosos presos que treparon a los techos de la unidad.
Fuentes judiciales dijeron que Rey Ramírez tenía 23 años y estaba detenido desde el 2017 en el marco de una causa por robo agravado y lesiones graves, a disposición del Juzgado de Ejecución 2 de Lomas de Zamora.
La revuelta en el penal se extendió hasta el anochecer, cuando acordaron levantar la protesta en una mesa de diálogo de la que participaron dos reclusos referentes de cada pabellón del penal e integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), autoridades penitenciarias y judiciales.
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