Sansó sobre el uranio: "El intendente de Jáchal sabía"
DestacadosEl Intendente de Jáchal Jorge Barifusa expresó su “enojo” ante el pueblo jachallero en conferencia de prensa, por “no ser avisado” de los manoseos que se realizan en La Ciénaga para explotar uranio. Sin embargo, el Diputado Provincial Juan Sansó se acercó a las delegaciones de Medio Ambiente y Minería de la Provincia y le aseguraron que el jefe municipal estaba informado de todos los procedimientos. “Barifusa miente”, aseguró.
Sansó visitó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y el Ministerio de Minería, para conocer los informes de impacto ambiental y en líneas generales, qué sucede con la explotación de uranio en La Ciénaga. ¿Es posible que se pasara por alto al Municipio para autorizar esta concesión a la empresa australiana? Sí, pero no es el caso.
Desde la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas aseguraron que el Intendente Jorge Barifusa conocía puntualmente cómo se estaba trabajando en La Ciénaga.
“El Intendente de Jáchal miente. Conocían del proyecto, lo dijo la gente de medio ambiente. La concesión minera fue dada en el 2012, y la ley que declara Área Natural Protegida de la Ciénaga N° 7640 es del año 2005. La concesión no se le puede negar a nadie, pero después hay que ver qué se hace ahí”, aseguró el Diputado y agregó “si la ciénaga está llena de uranio, ¿cómo lo van a sacar? ¿Para qué hacen exploración si saben que no pueden explotar nunca? Le estamos dando un derecho adquirido por haber invertido en esa área y después no podrá explotarlo”.
En este punto, cabe detenerse. Cómo lo expresó el legislador, una de las picardías está en, primero, mentir con que la concesión fue dada antes de la Ley. Otra, en que aun a sabiendas de que en un Área Protegida no se puede explotar seguramente existan manejos turbios para interpretar que sí se puede. Otra, el Intendente sabía.
En este caso, la injerencia de Medio Ambiente tiene que ver con que se trata de un Área Protegida, y es preciso obtener las autorizaciones correspondientes para poder avanzar. La primera resolución de esta área consideró “inapropiada” la concesión y sentó varias observaciones al respecto.
Sin embargo, Minería consideró adecuado brindar la autorización que Medio Ambiente terminó concediendo, pero con una serie de condiciones. La mayoría, no se respetaron.
“El 22 de enero del 2015 se le otorga la autorización a esta empresa australiana ((Expediente 11000060 – L -13) y medio ambiente hizo varias observaciones. Medio ambiente autorizó con condiciones. Una de ellas, es que sí o sí tiene que tener seguro de Ambiente, que lo rigen leyes nacionales, y a nuestro entender no está. Hay que ver. Tendrían que tener un plan de cierre de los pozos, que son muy profundos y están verificando si hay realmente uranio. Ese plan de manejo aparentemente no estaba presentado”, explicó Sansó.
Audiencias públicas no hubo ni hay, ¿Seguro y planificación adecuada? Incierto. Al menos Medio Ambiente no fue notificado. Mientras tanto, desde Minería aseguró al Diputado que está todo legal y ante cualquier incumplimiento se exigirá lo correspondiente.
“Hay varias inconsistencias entre lo que dice medio ambiente, minería y el intendente. En minería dicen que cumplió con todo. Veo raro que se le permita explorar a una empresa en un área protegida. Ahí no se podrá sacar nada por más que encuentren el uranio del mundo”, manifestó Sansó.
Es evidente que existe una movida dirigida a sortear todo tipo de norma o ley. Medio Ambiente tuvo 4 intervenciones en el asunto, y la última fue el 22 de enero de este año. La respuesta desde Minería siempre tuvo que ver con “cuestionamientos e interpretaciones sobre las coordenadas, dónde empieza y dónde termina el parque”. De estos rebuscamientos hablamos cuando decimos “manejos turbios”, sin embargo todos sabemos que no se puede explotar en un Área Protegida.
“El Intendente sabia, eso me dijeron. Desde abril que esta empresa pidió la primera resolución de impacto ambiental. Y en el 2012 se entregó la concesión”, reiteró Sansó y agregó “hay gato encerrado”.
El problema podría ser aún más grave. Al entregarle la concesión a la empresa LATIN URANIUM S.R.L se le confiere un “derecho adquirido”. Luego, si el Estado decidiera volver atrás e impedir la exploración la empresa podría generar un juicio por los recursos invertidos.
Esto es el comienzo de una polémica que conviene seguir de cerca.
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