LA NACIÓN SE APROPIÓ DEL 80% DEL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN

 

Peor aún, induce a la baja calidad en la gestión del Estado generando crecientes desequilibrios que la Nación financia con emisión monetaria y las provincias con endeudamiento y altos riesgos de regreso a las cuasi-monedas.

La presión impositiva se calcula dividiendo la recaudación de los impuestos por el Producto Bruto Interno (PBI) del país. Intuitivamente mide el porcentaje del ingreso total de la economía que es apropiado por el sector público. En otras palabras, la presión impositiva cuantifica el esfuerzo que hacen los habitantes de un país para sostener el funcionamiento del sector público.
En la Argentina, la primera década de este siglo ha tenido como característica sobresaliente el fuerte crecimiento de la presión impositiva. En el año 2000, el total de los impuestos nacionales y provinciales representaba el 21,5% del PBI, mientras que en el año 2011 se pagaban tributos por el equivalente al 33,7% del PBI. Es decir, el Estado cuenta en la actualidad con 12 puntos porcentuales del PBI más que hace apenas 11 años. Un proceso no menos relevante desde el punto de vista de la calidad de vida de la gente es la forma en que se distribuyó esta mayor presión de los impuestos. En este sentido, datos del Ministerio de Economía permiten observar que:
• Entre los años 2000 y 2011, la participación de la Nación en la presión impositiva total pasó de 12 a 21,6 puntos porcentuales del PBI, o sea creció 9,6 puntos.
• En el mismo período, la participación de las provincias pasó de 9,5 a 12,1 puntos porcentuales del PBI, es decir, un crecimiento de aproximadamente 2,6 puntos.
• Es decir que la Nación se apropió casi del 80% del aumento en la presión impositiva.
La información oficial delata un fenomenal proceso de concentración de recursos fiscales a favor de la Nación. De una situación de distribución equilibrada a comienzos de la década pasada, se llega a la actualidad donde el gobierno central se apropia de dos tercios del total de la recaudación. A esto hay que agregarle fuentes de financiamiento especiales a las que apela el gobierno nacional, sin darle participación a las provincias, como la apropiación de los fondos previsionales o el uso de las reservas del Banco Central.
La centralización de recursos fiscales colisiona con el ordenamiento constitucional que asigna a las provincias la responsabilidad por la mayor parte de las acciones estatales con incidencia directa y decisiva sobre el desarrollo humano. Son las provincias las que deben impartir la educación básica, la atención primaria de la salud, la atención médica para los sectores vulnerables, la vivienda e infraestructura social, la seguridad y la justicia. Este desbalance entre la distribución de los recursos fiscales y las responsabilidades estatales es uno de los principales factores que explica porqué aunque la gente paga más impuestos el Estado no le ofrece mejores servicios.
Ciertamente que parte de los recursos apropiados por la Nación son utilizados para financiar obras y servicios en las provincias. El problema es que este esquema de concentrar para luego redistribuir es lo que potencia las deficiencias de gestión por la burocratización y la contaminación del sistema político. Las dirigencias provinciales son inducidas a congraciarse con los funcionarios nacionales a fin de acceder a los recursos que le son quitados por la falta de un adecuado régimen de coparticipación federal de impuestos.
Las deficiencias de las gestiones públicas provinciales no se superarán centralizando recursos en la Nación sino mejorando la calidad de las instituciones. Se trata de una solución compleja, pero la única para revertir un Estado cada vez más grande pero más ausente en la provisión de servicios. Seguir evadiendo este desafío aumenta la desproporción entre el esfuerzo que hace la población para pagar los impuestos y los pocos y precarios servicios que recibe. Además alimenta una dinámica de crecientes desequilibrios fiscales que, agotada la posibilidad de aumentar los impuestos, lleva al desenfreno en la emisión de moneda por parte de la Nación y, como la potestad de emisión es monopolio de la Nación, hace cada vez más probable el retorno a las cuasi-monedas en las provincias.
Fuente: IDESA