Diario Móvil
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan dispuso la revocación de ocho nuevas adjudicaciones de viviendas sociales por incumplimientos de las condiciones establecidas para sus beneficiarios. La medida fue oficializada mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y forma parte del proceso que lleva adelante el organismo para recuperar casas que no cumplen con los requisitos de ocupación y uso.
La decisión alcanza a distintas modalidades de acceso a las propiedades, entre ellas adjudicaciones en venta, asistencias financieras, autorizaciones para habitar, comodatos y actas de tenencia precaria. Con estas disposiciones, el IPV avanza sobre expedientes en los que se detectaron irregularidades que motivaron la cancelación de los beneficios otorgados.
Las ocho viviendas están distribuidas en diferentes sectores de San Juan. Las resoluciones incluyen inmuebles del Conjunto 1, en Albardón; del Área III, Sector I, en Caucete; y de los barrios Ceramista II, SUTIAGYF, Amecom 4, Virgen del Socorro, Lozano y 7 de Septiembre IV.
Las nuevas revocaciones se producen en medio de una revisión más amplia del sistema habitacional provincial. El IPV conformó un equipo técnico para analizar más de 400 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en viviendas adjudicadas, mientras que alrededor de 90 expedientes ya cuentan con una resolución de revocación en primera instancia.
El objetivo del organismo es identificar propiedades que permanecen deshabitadas, fueron cedidas sin autorización o presentan otros incumplimientos de las obligaciones asumidas por sus adjudicatarios. Una vez concluidos los procedimientos administrativos y recuperada la posesión, las casas podrán ser reacondicionadas e incorporadas a nuevos sorteos públicos.
La política de recupero cobra relevancia frente a la demanda de soluciones habitacionales en la provincia. En ese contexto, la administración provincial busca que las unidades construidas con recursos públicos cumplan su finalidad original y sean ocupadas por familias que reúnan los requisitos establecidos.
Entre las situaciones que pueden derivar en la pérdida de una adjudicación se encuentran el abandono de la vivienda, la falta de residencia efectiva, la acumulación de tres o más cuotas consecutivas impagas y el alquiler, venta o cesión del inmueble sin autorización. También constituyen causales de revocación la utilización de la propiedad para fines distintos de los permitidos y la presentación de información falsa durante el trámite de adjudicación.
El procedimiento está regulado por la Ley Provincial 196-A y contempla distintas instancias de verificación y defensa. Ante una denuncia o irregularidad detectada mediante inspecciones, el IPV revisa los antecedentes, analiza la situación de pago y realiza constataciones domiciliarias a través de sus equipos técnicos y sociales.
Si se comprueba un incumplimiento, el organismo puede emitir una resolución de revocación, que debe notificarse al titular. A partir de esa instancia, el adjudicatario dispone de 10 días hábiles para presentar un descargo o recurrir la decisión, antes de que se agoten las instancias administrativas correspondientes.
Por ese motivo, la publicación de una revocación no significa necesariamente que el Estado haya recuperado de inmediato la posesión de la vivienda. Para concretar esa instancia, la medida debe quedar firme y cumplirse el procedimiento previsto por la normativa.
El seguimiento de las adjudicaciones también se desarrolla en un escenario de elevada morosidad. De acuerdo con los datos del organismo, el nivel de incumplimiento en el pago de cuotas ronda el 60%, una situación que se suma a las denuncias por viviendas desocupadas o utilizadas de manera irregular.
Las propiedades que finalmente regresen a manos del IPV deberán ser evaluadas para determinar su estado de conservación. En los casos donde existan daños o deterioro, se prevén tareas de reparación antes de que puedan volver a ofrecerse a través de los mecanismos públicos de adjudicación.
