Diario Móvil
La causa por las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó este martes un nuevo capítulo en Tribunales. Luego de varias horas de audiencia, la jueza de Garantías Mónica Lucero resolvió disponer un cuarto intermedio y fijó la continuidad del trámite para este miércoles 11 de noviembre, a las 14:30, en la Sala 9 del edificio judicial.
Uno de los datos destacados de la jornada fue la presencia del senador nacional y exgobernador Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino, quienes no habían asistido a la primera convocatoria, realizada el 14 de octubre. En esta oportunidad, se presentaron diez de las once personas citadas. El ausente fue el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, quien había solicitado participar de manera virtual porque se encontraba fuera del país por un viaje previsto con anterioridad.
A diferencia de lo ocurrido en octubre, cuando la audiencia debió reprogramarse ante las ausencias de los legisladores y el acuerdo de las partes para postergarla, esta vez la jueza decidió avanzar pese a la falta de uno de los convocados. Según trascendió, tanto la Fiscalía como la Fiscalía de Estado se habían manifestado en contra de fijar una nueva fecha para todos.
La investigación está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales. La hipótesis fiscal apunta a posibles irregularidades en el proceso de contratación y adjudicación de las cañerías provistas por la empresa Krah América Latina, además de cuestionamientos sobre la calidad de los materiales y el destino de los fondos utilizados para la obra.
El expediente también analiza el uso de un crédito internacional de 100 millones de dólares destinado a financiar el acueducto, una infraestructura que no llegó a completarse. En paralelo, una de las defensas planteó que la causa debería tramitarse en la Justicia Federal, bajo el argumento de que la obra contó con financiamiento nacional. Ese planteo abrió una discusión sobre la competencia entre los fueros provincial y federal.
La causa involucra a once personas, entre ellas exautoridades de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), exfuncionarios provinciales y representantes de la empresa proveedora. La continuidad de la audiencia permitirá conocer con mayor precisión los hechos que la Fiscalía atribuye a los investigados y el grado de participación que considera que tuvo cada uno.
Por ahora, la investigación sigue en una etapa inicial y las sospechas deberán ser discutidas en el proceso judicial. La citación a la audiencia no implica una declaración de culpabilidad.
