Diario Móvil
La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni dio un giro judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa deje de tramitar bajo la hipótesis de enriquecimiento ilícito y sea trasladada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde se analizará si el exjefe de Gabinete incurrió en una posible evasión tributaria.
La decisión se conoció después de que la Fiscalía evaluara las explicaciones presentadas por el funcionario sobre el origen de sus fondos. Según el dictamen, no se logró demostrar que el incremento patrimonial investigado estuviera relacionado con su desempeño dentro del Gobierno, ya que existe la posibilidad de que una parte importante del dinero cuestionado haya sido obtenida antes de su llegada al Poder Ejecutivo.
De todas maneras, el planteo no significa que Adorni haya sido sobreseído ni que la investigación haya terminado. Por el contrario, Pollicita advirtió que todavía existen elementos que justifican profundizar las averiguaciones sobre posibles bienes e ingresos que habrían permanecido fuera de las declaraciones impositivas durante varios años.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y examinó la evolución patrimonial de Adorni entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Ahora, el juez Ariel Lijo deberá resolver si acepta el pedido de la Fiscalía y dispone el cambio de fuero.
Los gastos que despertaron sospechas
Uno de los principales puntos examinados fueron los movimientos económicos del matrimonio. Durante el período investigado, la Fiscalía identificó erogaciones por 402.578 dólares, de los cuales 374.081,66 habrían sido pagados en efectivo. También detectó una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos acreditados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas.
Dentro de las operaciones analizadas aparecen la compra de un terreno en el country Indio Cuá, las remodelaciones de propiedades, la adquisición de mobiliario, la escritura de un departamento en Caballito, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.
Una de las explicaciones centrales de Adorni estuvo vinculada con inversiones en Bitcoin. Su defensa sostuvo que entre 2014 y 2018 había comprado criptomonedas mediante ocho billeteras digitales de autocustodia, con una inversión cercana a los USD 200.000. Según esa versión, posteriormente liquidó esos activos por USD 591.544,61 y conservó el dinero en efectivo.
Para comprobar ese relato se realizó una pericia sobre las ocho direcciones digitales. Los especialistas verificaron que las claves privadas estaban bajo control de la defensa al momento del procedimiento y que las billeteras habían registrado actividad entre 2014 y 2018.
Sin embargo, la investigación técnica no pudo reconstruir por completo quién había manejado esas direcciones durante aquellos años ni identificar con precisión todas las operaciones realizadas. De los 41 movimientos registrados, 17 no tuvieron contacto con plataformas de intercambio y otros se vincularon con servicios del exterior que ya no conservarían los datos de esas transacciones.
Para Pollicita, las limitaciones técnicas impiden confirmar definitivamente la explicación de Adorni, pero tampoco permiten descartarla.
Los ingresos anteriores a su llegada al Gobierno
Otro elemento que tuvo en cuenta la Fiscalía fue la capacidad económica previa del matrimonio. A partir de registros de ANSES y ARCA, se reconstruyeron remuneraciones formales que, convertidas a dólares según el tipo de cambio oficial promedio de cada año, alcanzaron aproximadamente USD 335.000 hasta 2014 y USD 493.000 si se extiende el cálculo hasta 2018.
A esto se sumaron compras de divisas registradas a nombre de Adorni y su esposa por USD 60.983 entre 2011 y 2014, cifra que llegó a USD 83.472 al incorporar 2015.
El dictamen aclaró que esos números no demuestran por sí solos que el dinero haya sido destinado a comprar criptomonedas, pero consideró que permiten ubicar esa inversión dentro de una escala económica posible.
También se incorporó la venta de un inmueble heredado en La Plata, por el que se habrían obtenido USD 50.000 durante el período analizado.
Las propiedades y las obras bajo la lupa
Entre las operaciones inmobiliarias que concentraron la atención judicial se encuentra una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. El inmueble fue escriturado en noviembre de 2024 a nombre de Bettina Angeletti por USD 120.000, a lo que se sumaron otros USD 5.000 correspondientes al ingreso al barrio privado.
Para concretar la operación, el matrimonio habría recurrido a un préstamo privado de USD 100.000, respaldado por una hipoteca sobre una propiedad que tenían en Parque Chacabuco. Los USD 20.000 restantes fueron declarados como un pago en efectivo.
El financiamiento habría sido aportado por dos mujeres policías: Graciela Isabel Molina de Cancio, con USD 85.000, y su hija Victoria Cancio, con otros USD 15.000.
Las remodelaciones de esa vivienda también quedaron bajo investigación. El contratista Matías Tabar declaró que había cobrado USD 245.000 en efectivo y sin facturas. Adorni, en cambio, sostuvo que los trabajos demandaron USD 175.000 y que fueron financiados con ahorros anteriores.
Otra operación cuestionada fue la adquisición de un departamento con cochera en la calle Miró, en Caballito. La compraventa se realizó en noviembre de 2025 por USD 230.000. Según la documentación incorporada al expediente, USD 30.000 se habrían abonado en efectivo y los USD 200.000 restantes mediante una hipoteca privada con las anteriores propietarias, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.
A su vez, Pablo Feijoo, hijo de una de las acreedoras y gestor de la operación, declaró haber financiado otros USD 65.000 destinados a reformas en el departamento.
También investigarán posibles irregularidades fiscales
Aunque el fiscal consideró que no hay elementos suficientes para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública, encontró motivos para investigar posibles incumplimientos tributarios.
Entre los aspectos que pretende esclarecer figuran los ingresos utilizados para comprar Bitcoin, la posterior liquidación de esos activos, la tenencia de dólares que no habrían sido declarados, las operaciones con criptomonedas y las diferencias entre la información proporcionada a plataformas como Binance y los datos presentados ante los organismos fiscales.
También se analizarán préstamos privados cuya entrega efectiva del dinero no habría podido acreditarse.
En ese contexto, Pollicita señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información incorporada mediante declaraciones juradas rectificativas correspondía a conceptos que anteriormente no habían sido declarados.
El fiscal consideró que la utilización predominante de efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de fondos después del inicio de la causa justifican profundizar la investigación desde una perspectiva impositiva.
Además, solicitó que se analice la posible responsabilidad de los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, así como del contratista Matías Tabar. También pidió remitir actuaciones al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para que examine la intervención de Adriana Mónica Nechevenko en las operaciones.
Las compras realizadas con tarjetas de empleados
Otro capítulo del expediente estuvo relacionado con consumos efectuados mediante tarjetas de crédito de personas que trabajaban en el entorno de Adorni.
La Fiscalía había solicitado explicaciones por compras de ropa blanca, colchones y otros artículos para la vivienda de Indio Cuá, además de dispositivos tecnológicos y equipamiento para videojuegos.
Entre los gastos registrados aparecen $8.183.303,25 en productos para el hogar, dos proyectores de $1.831.795 cada uno y un monitor valuado en $2.185.000.
Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería Presidencial, declaró que había realizado algunas compras con su tarjeta y que Adorni le reintegraba los importes en efectivo. La defensa sostuvo que se trató de adquisiciones puntuales y que los pagos fueron devueltos, mientras que atribuyó a Angeletti el pago en efectivo de los colchones y la blanquería.
Con todos estos elementos, el expediente podría cambiar de jurisdicción, pero no quedará cerrado. Si el juez Ariel Lijo acepta el planteo de Pollicita, la Justicia Penal Económica deberá determinar si existieron delitos tributarios vinculados con Ganancias, Bienes Personales u otros impuestos nacionales, analizando cada período fiscal.
