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La investigación por la muerte de María Carmen Vila, ocurrida en la residencia geriátrica Cielo de París, sumó una novedad judicial. La UFI de Delitos Especiales solicitó el sobreseimiento de los dos médicos que habían sido denunciados por presunta negligencia profesional.
Los imputados son Fabián Roberto Kleiman, director médico del establecimiento, y Adrián Campillay, integrante del servicio de emergencias AME. Ambos habían sido formalizados por homicidio culposo, ante la sospecha de que sus decisiones médicas pudieron influir en el fallecimiento de la mujer.
El episodio ocurrió el 19 de diciembre de 2023, cuando Vila comenzó a presentar fuertes dolores abdominales, distensión y dificultades respiratorias. En una primera asistencia, Campillay diagnosticó una posible suboclusión intestinal e indicó hidratación, analgésicos y oxígeno, pero no dispuso el traslado inmediato a un hospital. Horas después intervino otro profesional, Walter Bustos, quien ordenó derivarla. Sin embargo, la paciente murió durante el traslado en ambulancia.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue una sepsis originada en un cuadro de megacolon con necrosis isquémica hemorrágica, que derivó en un shock séptico irreversible.
Durante la investigación se incorporaron pericias médicas con conclusiones diferentes. Algunos informes señalaron que habría sido necesario trasladar antes a la paciente y realizar estudios de mayor complejidad, mientras que no hubo coincidencia sobre si esas posibles omisiones tuvieron una relación directa con el fallecimiento.
Finalmente, el fiscal Roberto Ginsberg entendió que, tras agotarse la investigación, no se reunieron pruebas suficientes para demostrar que las conductas de los profesionales provocaron la muerte o que el desenlace podría haberse evitado. Por ese motivo, el 29 de octubre solicitó el sobreseimiento de ambos por el beneficio de la duda.
El pedido todavía no representa una resolución definitiva. Ahora las partes y los representantes de la víctima cuentan con un plazo de tres días para expresar su posición. Además, la Fiscalía aclaró que un eventual sobreseimiento penal no impediría que se analice una posible responsabilidad civil de los profesionales.
