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La causa por la muerte de Brisa Gallardo, la joven de 23 años que falleció tras un siniestro vial en Capital, sumó este martes 27 de octubre un nuevo capítulo judicial. El juez de impugnación Maximiliano Blejman escuchó los planteos de las partes y se tomó un plazo de 30 días hábiles para resolver si corresponde mantener la aplicación del decreto provincial que establece la prioridad de paso en las avenidas sanjuaninas.
La audiencia se desarrolló a partir de un recurso presentado por la defensa de Mateo Joaquín Argüello Medawar, de 18 años, imputado por homicidio culposo. Su abogado, José Beltrán, cuestiona la constitucionalidad del Decreto Reglamentario Provincial 250-R, que reconoce prioridad a los vehículos que circulan por avenidas frente a aquellos que ingresan desde calles transversales.
El planteo tiene una incidencia directa en la investigación por el choque ocurrido en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca. Según los antecedentes de la causa, Gallardo circulaba en motocicleta por la avenida cuando el automóvil conducido por el imputado intentó atravesarla desde Catamarca.
La discusión central es qué norma debe prevalecer: la prioridad de paso de quien circula por la derecha, prevista en la legislación nacional, o la preferencia para quienes transitan por avenidas, establecida en la reglamentación provincial. Se trata de una controversia que lleva dos décadas generando diferentes interpretaciones judiciales en San Juan.
Al finalizar la audiencia, el fiscal Iván Grassi explicó que la defensa insistió con la inconstitucionalidad del decreto, mientras que el Ministerio Público Fiscal y la querella defendieron su validez.
“Esa discusión, que es estrictamente jurídica y que ya hemos señalado en más de una oportunidad que hay diversidad de criterios, al menos en los distintos fueros, necesitamos que sea dilucidada por la magistratura”, sostuvo el fiscal.
Grassi remarcó que la acusación no se apoya únicamente en una interpretación particular de las reglas de tránsito, sino en una disposición que actualmente forma parte de la normativa provincial.
“Se sienta la acusación sobre una interpretación de una norma publicada y vigente”, afirmó, al explicar por qué la Fiscalía considera necesario que se establezca un criterio sobre su aplicabilidad.
Durante la audiencia también se trató otro planteo presentado por la querella, que solicitó como medida cautelar que el imputado no pueda conducir vehículos mientras avance el proceso. Según precisó Grassi, ese pedido fue impulsado exclusivamente por la representación de la parte querellante.
Por el momento, Argüello Medawar continúa imputado por homicidio culposo sin agravantes. La investigación penal tiene un plazo de un año y, según el fiscal, ya se incorporó una cantidad importante de pruebas, entre ellas una filmación que registró el momento del siniestro.
“El hecho está filmado, oportunamente se dieron a conocer en esa audiencia de formalización el video que captaba el siniestro”, recordó Grassi, quien aseguró que la discusión jurídica no compromete los tiempos de investigación ni la evidencia recolectada.
El fiscal también explicó que las diferencias de criterio entre los fueros civil y penal constituyen uno de los argumentos de la defensa. Sin embargo, señaló que ambos ámbitos judiciales tienen formas distintas de determinar las responsabilidades.
En ese sentido, indicó que mientras en el fuero civil pueden distribuirse porcentajes de responsabilidad, en el proceso penal debe establecerse si una conducta imprudente resulta penalmente responsable del fallecimiento de una persona.
La resolución del juez Blejman podría no ser la última instancia de esta discusión. Grassi adelantó que, dependiendo de la decisión, cualquiera de las partes podría intentar llevar el planteo ante la Corte de Justicia de San Juan para obtener una definición sobre la validez y aplicación del decreto.
“No descartamos que cualquiera de las partes, según lo que se resuelva, insista con este planteo ante la Corte de Justicia oportunamente”, expresó.
Incluso, el fiscal consideró conveniente que la controversia pueda alcanzar al máximo tribunal provincial si no se produce una modificación legislativa que permita despejar las diferencias de interpretación.
