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San Juan registra entre 200 y 250 delitos informáticos por mes, una cifra que refleja la dimensión de una problemática que viene creciendo en la provincia desde 2024. El dato fue revelado este lunes por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, quien advirtió que las nuevas modalidades de fraude presentan dificultades particulares para su investigación, especialmente porque los responsables pueden operar desde otras jurisdicciones o incluso desde el exterior.
La preocupación por el avance de estos delitos motivó la realización del Primer Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial, desarrollado en el auditorio Eloy Camus del Centro Cívico. La actividad fue organizada por el Gobierno provincial junto con la organización no gubernamental Clicnex y convocó a especialistas nacionales, integrantes de las fuerzas de seguridad, representantes del Ministerio Público Fiscal y profesionales del derecho.
Durante el encuentro, Delgado explicó que las características del delito digital obligan a modificar los mecanismos tradicionales de investigación. A diferencia de otros hechos delictivos, en los que existe una escena física delimitada, una estafa informática puede involucrar a víctimas, responsables y operaciones distribuidas en distintos puntos del país.
“Uno es víctima de un fraude digital y el fraude, los actores no están en la provincia de San Juan únicamente”, señaló el funcionario, al remarcar la necesidad de articular acciones entre organismos provinciales, nacionales y entidades especializadas.
El incremento de los ciberdelitos se convirtió en uno de los principales desafíos para las autoridades de Seguridad.Delgado sostuvo que desde 2024 se observa una tendencia creciente y precisó que actualmente se contabilizan entre 200 y 250 hechos mensuales, aunque no detalló qué proporción corresponde a estafas, accesos indebidos a cuentas u otras modalidades.
Para abordar esta situación, el congreso reunió a 12 expositores provenientes de otras provincias, además de especialistas sanjuaninos. Las actividades incluyeron el análisis de evidencia digital, informática forense, persecución penal de delitos tecnológicos, rastreo de operaciones con criptomonedas y herramientas jurídicas para investigar fraudes.
El secretario destacó que la Policía de San Juan ya dispone de personal especializado y áreas dedicadas a la investigación tecnológica, entre ellas el D-8 y los equipos de Delitos Complejos. Sin embargo, reconoció que la velocidad con la que evolucionan estas prácticas exige una actualización permanente de los recursos y de la formación profesional.
“Esto del ciberdelito es muy dinámico, es más dinámico que el delito tradicional que todos conocemos. Por eso la respuesta tiene que ser también dinámica”, afirmó Delgado, al explicar la necesidad de integrar las tareas policiales convencionales con nuevas herramientas de investigación.
La incorporación de tecnología también plantea desafíos relacionados con la protección de los datos personales. El funcionario consideró necesario establecer mecanismos de control sobre la información obtenida durante las investigaciones, particularmente respecto de su almacenamiento, utilización y tratamiento.
En ese sentido, remarcó que las nuevas herramientas deben utilizarse dentro de un marco jurídico que garantice los derechos de los ciudadanos. “Debemos saber dónde se almacena, qué uso se hace con esa información”, expresó al referirse a la supervisión de los procedimientos tecnológicos.
La capacitación estuvo orientada especialmente a policías, fiscales y abogados, considerados actores fundamentales para mejorar la respuesta frente a delitos que requieren conocimientos técnicos y coordinación entre distintas instituciones.
