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La próxima semana se espera un paso clave en la investigación judicial por el Acueducto Gran Tulum. Para el miércoles 14 de octubre, a las 14:30, está prevista la audiencia de formalización en la que el Ministerio Público Fiscal dará a conocer formalmente los hechos y las figuras delictivas bajo las cuales pretende investigar a las 11 personas citadas en la causa.
Marcelo Arancibia, abogado y denunciante en la causa, explicó que se trata de la audiencia contemplada en el artículo 340 del Código Procesal Penal Acusatorio. Según sus declaraciones, ante la jueza de Garantías los fiscales comunicarán que cuentan con un caso para investigar y detallarán qué conducta atribuyen a cada una de las personas alcanzadas. Entre los citados se encuentran 10 personas que ocuparon cargos públicos y el propietario y gerente de la empresa que ganó la licitación para proveer los caños, de acuerdo con lo señalado por Arancibia.
“El día 14 de octubre es un día muy importante porque los fiscales han llegado a una conclusión”, sostuvo el abogado. Sin embargo, aclaró que la instancia no implica certeza respecto de la comisión de delitos. “No en grado de certeza, pero sí implica que se podría estar frente a diversos delitos”, expresó. Será precisamente durante la audiencia cuando se conozca qué figuras considera la Fiscalía y cuál es la situación atribuida a cada uno de los investigados.
Uno de los puntos que concentra atención de cara a la audiencia es la situación de dos legisladores nacionales con fueros. Arancibia sostuvo que deberán tener participación en el proceso y contar con representación legal, aunque planteó que esa intervención podría producirse presencialmente o mediante alguna vía electrónica. “Ellos tienen que participar. La pregunta es si lo van a hacer presencialmente o a través de alguna vía electrónica”, manifestó.
El abogado explicó además que, si alguno de los citados no designa defensor, la Justicia puede asignarle un abogado de oficio. En el caso particular de los legisladores nacionales, señaló que sus fueros impiden que sean llevados por la fuerza mediante una orden de arresto, por lo que cualquier escenario de ausencia deberá ser resuelto por la jueza dentro de sus facultades legales.
La audiencia estará a cargo de la jueza Lucero, quien ya había intervenido previamente en el expediente y prorrogado por 90 días hábiles judiciales la investigación penal preparatoria, según explicó Arancibia.
