Diario Móvil
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) entrará en octubre en una etapa decisiva para cerrar 2026. Después de un año en el que el Gobierno provincial buscó sostener la construcción y adjudicación de viviendas con recursos propios, la agenda de los próximos tres meses concentra nuevas entregas, otro sorteo de casas, el análisis de unas 500 viviendas presuntamente deshabitadas y el relanzamiento de los créditos para construir en terreno propio.
El objetivo habitacional que la gestión de Marcelo Orrego trazó para este año fue llegar a alrededor de 1.500 viviendas entregadas. La directora del IPV, Elina Peralta, había anticipado que la mayor intensidad estaría concentrada en el segundo semestre, con un ritmo proyectado de uno o dos barrios mensuales, aunque siempre condicionado por la disponibilidad financiera y la terminación efectiva de las obras.
Ese cronograma no termina en septiembre. El organismo confirmó que las entregas continuarán hasta diciembre, mientras distintos complejos avanzan hacia su finalización. El plan original contemplaba intervenciones en departamentos como Rawson, Chimbas, Jáchal y Sarmiento, entre otros puntos de la provincia. El Gobierno sostiene que la continuidad de la política habitacional se financiará principalmente con fondos provinciales ante la fuerte reducción de los aportes nacionales que históricamente acompañaban estos programas.
Pero uno de los puntos que generará mayor expectativa desde octubre será el próximo sorteo del IPV. Peralta confirmó que el organismo trabaja para concretar una nueva convocatoria antes de que termine 2026, aunque todavía no existe una fecha oficial ni una cantidad definitiva de viviendas. El número dependerá fundamentalmente de qué barrios estén en condiciones de ser adjudicados y de los tiempos administrativos de cada proyecto.
La intención es mantener el mecanismo de sorteo público para definir a los adjudicatarios. A comienzos del año, Peralta había planteado como objetivo realizar dos sorteos durante 2026, incluyendo tanto viviendas nuevas como remanentes de casas recuperadas en distintos complejos habitacionales. En paralelo, el padrón del IPV reúne alrededor de 100.000 familias inscriptas, lo que dimensiona la demanda que existe detrás de cada convocatoria.
Precisamente, allí aparece otro de los grandes temas para el cierre del año: las viviendas adjudicadas que no estarían cumpliendo con el fin para el cual fueron entregadas. Actualmente, el IPV tiene alrededor de 500 casos bajo análisis, principalmente a partir de denuncias por casas que permanecerían deshabitadas o presentarían otras irregularidades.
Esto no significa que las 500 viviendas estén listas para volver a sortearse. Cada caso requiere un procedimiento individual: el IPV debe constatar la denuncia, verificar la situación de la propiedad y permitir que el adjudicatario realice su descargo. Una vivienda aparentemente vacía puede, por ejemplo, corresponder a una familia temporalmente fuera de San Juan por trabajo o por un tratamiento médico. Solo cuando se comprueba el incumplimiento y queda firme la revocación puede iniciarse la recuperación del inmueble.
Peralta explicó que algunos de esos procedimientos pueden extenderse hasta aproximadamente un año, por lo que el universo de 500 casos no debe interpretarse como 500 viviendas que estarán disponibles inmediatamente. Sin embargo, el proceso ya produjo resultados concretos: al menos 10 casas tenían su adjudicación revocada y el IPV trabajaba para recuperarlas e incorporarlas posteriormente a sorteos públicos.
La política responde a uno de los lineamientos que Orrego viene marcando para el área habitacional: que las viviendas construidas por el Estado cumplan efectivamente su función social y, cuando exista un incumplimiento acreditado, puedan regresar al sistema para alcanzar a otra familia. Al mismo tiempo, el mandatario ha sostenido la continuidad de la inversión pública en viviendas como una herramienta vinculada tanto al acceso a la casa propia como al empleo. “La casa le da dignidad a las personas. Yo creo humildemente en la obra pública porque conserva y genera fuentes de trabajo”, expresó durante una de las entregas realizadas este año.
El último trimestre también tendrá otro frente que puede ampliar considerablemente la cantidad de beneficiarios: el regreso de la Operatoria Individual del IPV, destinada a familias que ya poseen un terreno pero necesitan financiamiento para construir. La herramienta permanecía suspendida desde fines de 2023 y el Gobierno viene trabajando en un nuevo esquema para reactivarla.
La proyección comunicada para esta nueva etapa contempla hasta 1.000 créditos, con montos que podrían alcanzar los $98 millones, y una modalidad completamente digital. La inscripción se realizará mediante Ciudadano Digital (CIDI) y la selección también estará vinculada a un sistema de sorteo. Antes de habilitar las inscripciones, el IPV deberá publicar la reglamentación definitiva, los requisitos y las fechas de la convocatoria.
El esquema representa además un cambio respecto de la operatoria anterior. Peralta había explicado que se trabajaba para que el IPV pudiera financiar el 100% de una vivienda tipo de hasta 70 metros cuadrados, en lugar del sistema previo que cubría alrededor del 80% del proyecto y obligaba al beneficiario a conseguir por su cuenta los recursos restantes.
De esta manera, desde octubre el IPV tendrá tres grandes líneas que concentrarán la atención: terminar y entregar los barrios previstos para 2026, definir el próximo sorteo y continuar recuperando viviendas donde se comprueben incumplimientos. A ellas se suma la expectativa por la puesta en marcha de la nueva Operatoria Individual.
